Fernando Rodrigo aceptó una condena de tres años en un juicio abreviado para evitar la cárcel. El caso revela graves fallas del sistema y una conducta escandalosa

La Justicia de Rosario condenó este lunes al ex fiscal Fernando Rodrigo a tres años de prisión condicional y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia llegó luego de que el propio imputado aceptara un juicio abreviado, evitando así enfrentar un proceso oral y público que estaba por comenzar.

Rodrigo, quien se desempeñaba como fiscal en investigaciones sobre desarmaderos, utilizó su posición para intervenir legalmente líneas telefónicas bajo pretextos falsos. En lugar de limitarse a los sospechosos de delitos, incluyó en sus pedidos a su pareja, a los padres de ella, sus hermanos y hasta amigas del círculo íntimo. En total, acumuló alrededor de 200 compactos de escuchas que no tenían ninguna justificación penal. El fiscal engañó a los jueces, manipuló recursos del Estado y violó la intimidad de personas inocentes para fines personales, entre ellas a su novia, amigos y familiares

Aunque ya no ejercía el cargo, Rodrigo seguía en carrera para convertirse en fiscal federal en Río Gallegos y ejercía como abogado en nuestra ciudad, últimamente, como defensor de varios narcotraficantes. De hecho, es el principal abogado, de algunos de los integrantes de la “Banda de Los Menores” sobre cual pesan pedidos de capturas y los señalan en el doble crimen de Bracamonte y Attardo. Su renuncia, presentada tiempo atrás, fue aceptada sin obstáculos, a diferencia de lo que ocurrió con el caso del juez Marcelo Bailaque. Esta diferencia de tratamiento pone bajo la lupa los criterios de acción del Estado frente a funcionarios judiciales cuestionados.

Además, pese a la gravedad de los hechos, Rodrigo continuará ejerciendo como abogado mientras el Colegio de Abogados aún no se pronuncia sobre su matrícula profesional. La posibilidad de que alguien con semejante historial continúe litigando genera preocupación en el ámbito jurídico.

El caso de Fernando Rodrigo no solo expone un uso abusivo del poder judicial, sino también las grietas de un sistema que permite que estos actores escapen de consecuencias reales. Si el castigo es leve y la reincidencia posible, ¿dónde queda la confianza pública en la Justicia?

El Colegio de Abogados, lo dejará seguir ejerciendo? Muchas preguntas y pocas respuestas, ante quienes son encargados de de asesorar, representar y defender los intereses de personas o instituciones ante la Justicia o en asuntos legales