La Justicia Federal ordenó el traslado a cárceles comunes de dos imputados por integrar una organización narcocriminal que operaba desde la cárcel

Martha Elizabeth Andrés y Carlos Alberto López ya no cumplirán prisión preventiva en sus domicilios. Ambos estaban procesados como integrantes de una organización narco liderada desde prisión por un hombre condenado por homicidio. A pedido del Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal de Rosario revocó sus beneficios, decisión que fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.

Andrés cumplía arresto en una vivienda señalada como punto de venta de droga, donde además vivía su hija menor. Según la investigación, no solo residía allí: también participaba activamente de las maniobras de venta. López, por su parte, fue identificado como el principal proveedor de la banda en la zona noroeste, y señalado por su vínculo directo con el ingreso de droga al circuito barrial.

Ambos habían obtenido el beneficio en 2024 por decisión del entonces juez Marcelo Bailaque, actualmente investigado por corrupción. Sin embargo, el fiscal Andrés Montefeltro apeló, advirtiendo riesgos procesales graves, falta de condiciones de desamparo real y la gravedad de los delitos.

La Cámara respaldó estos argumentos. En el caso de Andrés, destacó que su domicilio era uno de los centros de venta. Respecto a López, ponderó su rol central en la red y su capacidad económica, reflejada en propiedades y recursos.

Con la decisión firme, el Juzgado Federal N°4 ordenó el 29 de julio el traslado de ambos a unidades penitenciarias. La causa forma parte de una investigación más amplia sobre criminalidad organizada en Rosario, en un contexto donde el narcotráfico sigue siendo motor de delitos violentos que afectan a toda la sociedad.

La revocatoria refleja una señal clara: la Justicia no avalará beneficios cuando la evidencia demuestra participación activa en organizaciones criminales.