9 años de cárcel para el ex jefe de fiscales que protegió el juego ilegal

El viernes, en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, un tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra condenó al ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal (48) a 9 años de prisión efectiva, y a su ex colaborador judicial, Nelson Ugolini (38) a 5 años, por integrar una asociación ilícita que protegía el negocio del juego clandestino

El fallo, dictado en un juicio oral y público que se extendió por más de un mes, arrojó una condena que sacude el ejercicio institucional del poder en la provincia de Santa Fe. El tribunal dio por probado que, desde al menos el 24 de abril de 2017 hasta el 24 de julio de 2020, operó una organización criminal cuyo epicentro fue la ciudad de Rosario, con ramificaciones en Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.
La acusación fiscal estableció que esta estructura clandestina se dedicó a la explotación de casas de juego ilegales y apuestas electrónicas sin autorización, y que contó con cobertura judicial y política para asegurar su continuidad.
Los fiscales Marisol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato sostuvieron que los condenados conformaron la cúpula de la asociación ilícita: Serjal como organizador principal y Ugolini como miembro integrante con funciones de “cohecho pasivo” y difusión de información confidencial desde el poder judicial.
Según los alegatos, Serjal (como figura principal) abusó de su cargo para ordenar directivas a otros funcionarios, entre ellos el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad (ya condenado) para proteger al empresario del juego ilegal Leonardo Peiti.
La sala 7 escuchó cómo se articuló una maquinaria de impunidad: casas de apuestas ilegales, filtración de información, omisión de allanamientos, recaudación indiscriminada de dinero ilícito y blanqueo parcial a través de complicidades.
La lectura del fallo marca un antes y un después en la persecución de la corrupción en Santa Fe, según declaraciones del órgano acusador.

Aunque el modo de operar era colectivo y estructural, hay dos “víctimas” centrales: la institucionalidad y la sociedad santafesina.
La institucionalidad resultó dañada: Un fiscal regional y un empleado judicial, funcionarios del sistema de persecución de delitos, fueron condenados por usar sus cargos para encubrir el delito. En sus declaraciones, los fiscales dijeron que el tribunal habló expresamente del “daño institucional” que provocó esta organización.
La sociedad, por su parte, vio vulnerado su derecho a que la justicia persiga el delito y el juego ilegal no autorizado: lo que era una casa de juegos clandestinas o una sala de apuestas sin habilitación pasó, según el fallo, a operar bajo protección. La acumulación de dinero ilícito, su ocultamiento y su circulación fuera del marco regulatorio afectaron la recaudación estatal, la transparencia y el Estado de derecho.
Los condenados, en cambio, no aparecen como víctimas sino como sujetos activos: Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión, multa e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador, cohecho pasivo agravado por funcionario público y peculado de servicios; fue absuelto del delito de falsedad ideológica. Mientras tanto Ugolini recibió 5 años de prisión efectiva, multa e inhabilitación especial por 10 años para ocupar cargos públicos, por los delitos de asociación ilícita como miembro y cohecho pasivo en carácter de autor.
Estos veredictos reflejan que los acusadores consideraron probada la teoría del caso que describió un engranaje corrupto donde los responsables del sistema judicial mismo colaboraban con la delincuencia organizada.

La intervención formal la protagonizó el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA), a través del equipo de fiscales Fabbro, Caterina y Granato.
La fiscal general, María Cecilia Vranicich, declaró luego del fallo:

“Queremos resaltar … que este fallo … es un fallo valiente, ejemplar, … para nosotros … lo que hoy estamos percibiendo es que más allá del daño marcado, hoy nos repara, y realmente nos repara como institución.”
Y añadió que “salimos de esta sala de audiencia fortalecidos … es un momento histórico para el Ministerio Público de la Acusación”.
Por su parte, los fiscales Caterina y Fabbro destacaron que el tribunal avaló “total y absolutamente” la teoría del caso de la fiscalía, y que el hecho de que no se haya conseguido la pena máxima (12 años pedida) no afecta el valor simbólico y jurídico del fallo:
“Nosotros no trabajamos para una pena … lo que traemos es una teoría del caso que el tribunal la evalúe”.
El tribunal encargado del juicio fue presidido por los jueces Foppiani, Marcogliese y Becerra, quienes en sus fundamentos hablaron del “daño institucional” y, según los fiscales, marcaron un hito en la persecución de la corrupción.
El veredicto, además, despeja una parte de la investigación más amplia sobre juego clandestino, corrupción judicial y política en Santa Fe, aunque los fiscales advirtieron que no todos los implicados en la red fueron llevados aún a juicio y que otras causas continúan en trámite.

La condena a nueve y cinco años de prisión para dos funcionarios del sistema judicial representa una señal contundente. La sociedad santafesina recibe así la confirmación de que no todos los poderes son inmunes a la justicia. El fallo evidencia que cuando la corrupción se enquista en la estructura que debe combatirla —en este caso funcionarios del aparato fiscal— el daño al sistema democrático es profundo.
El camino hacia la reparación institucional es largo: no solo se trata de castigar a los responsables, sino de recuperar la confianza pública en que la justicia actúa con independencia y eficacia. Como afirmó la fiscal general Vranicich, “salimos fortalecidos” pero con un “sabor amargo” porque los condenados estaban dentro de las propias estructuras que debían investigarse.
Para el futuro, la instrucción sobre la trama judicial-política del juego ilegal atestigua que la investigación apenas empieza a ofrecer frutos, aunque este fallo sí marca un piso: la impunidad puede romperse si hay voluntad institucional y judicial. Rosario, en esa perspectiva, acaba de escribir uno de esos capítulos de reforma y reafirmación del Estado de Derecho.