Fue tras varios operativos que llevaron adelante en Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe

El “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado”, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, derivó en una serie de allanamientos simultáneos realizados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina. Los procedimientos se desarrollaron en cuatro provincias —Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe— y tuvieron como objetivo localizar y retirar del circuito sanitario ampollas de fentanilo alterado microbiológicamente.

La pesquisa comenzó tras el reporte inicial de 58 personas fallecidas, cifra que luego se incrementó significativamente. La ANMAT detectó irregularidades en uno de los laboratorios proveedores y radicó la denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

Aunque los allanamientos no implicaron víctimas directas, el trasfondo de la causa impacta de forma profunda en el sistema sanitario: 173 muertes permanecen bajo investigación como potencialmente vinculadas a la aplicación de fentanilo contaminado. Médicos, familiares y pacientes se encuentran aún atravesando las consecuencias de una de las tragedias sanitarias más graves de los últimos años.

A partir del trabajo conjunto entre la PFA, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la ANMAT, se identificaron dos laboratorios como proveedores del producto adulterado y 187 centros médicos, entre droguerías, clínicas y sanatorios, vinculados a su distribución. En 40 de ellos se detectaron lotes comprometidos. Los establecimientos fueron notificados y debieron resguardar el material bajo actas de depósito judicial.

Los operativos permitieron recuperar más de 82 mil ampollas, que fueron trasladadas y quedaron bajo custodia de la ANMAT. Todo el material secuestrado fue puesto a disposición del magistrado en la causa “Fentanilo adulterado”.

El caso sigue en pleno desarrollo y constituye una alerta sobre los controles sanitarios y las cadenas de distribución farmacéutica. Mientras avanza la investigación judicial, el país enfrenta las consecuencias de un episodio que expuso fallas estructurales y dejó un saldo trágico aún en revisión.