Imputaron a 14 exjefes y oficiales por asociación ilícita y peculado de combustible
La Fiscalía imputó a 14 personas, entre ellos el exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Alejandro Acosta, por integrar una asociación ilícita que desvió fondos públicos destinados a combustible de patrulleros y cobró dádivas ilegítimas durante casi dos años.
Este martes finalizó la audiencia imputativa que había comenzado el jueves 13 de noviembre, en el marco de una investigación por malversación de fondos públicos y asociación ilícita en la Unidad Regional II de Rosario. El fiscal José Luis Caterina imputó a 14 personas, entre exjefes y oficiales de la policía provincial, por delitos de asociación ilícita, peculado de caudales y bienes públicos, cohecho pasivo y defraudación agravada.
El caso surgió luego de que se detectaran irregularidades en la facturación de combustible de patrulleros de distintas secciones de la UR II. Las primeras medidas, incluyendo allanamientos, se realizaron el 5 de mayo de 2025, lo que derivó en la intervención de la unidad por el Ministerio de Seguridad provincial y la detención de varios miembros de la organización.
Los imputados habrían creado un esquema que operó aproximadamente entre mayo de 2023 y mayo de 2025, bajo la supervisión del entonces jefe de la UR II, Daniel Alejandro Acosta, y su secretario privado, Rodrigo Sebastián Domínguez. Según la Fiscalía, la organización desviaba fondos mediante “sobrefacturaciones” en la compra de combustible en la estación de servicio Gas Auto Tiferno, proveedor de Puma Energy. Parte de estos fondos eran entregados como retornos en efectivo y en especies a los miembros de la asociación.
Daniel Alejandro Acosta (ex Jefe de Policía de la UR II) – jefe de la asociación ilícita, imputado por asociación ilícita, cohecho pasivo, peculado de caudales públicos y defraudación agravada.
Rodrigo Sebastián Domínguez (ex Jefe de Secretaría Privada de la Jefatura UR II) – organizador del esquema, imputado por asociación ilícita, peculado y defraudación.
Adrián Oscar Bahl (ex Jefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros) – miembro de la asociación, imputado por asociación ilícita, peculado y defraudación.
Fabián Oscar Becerra (ex Jefe del Grupo Táctico Multipropósito) – miembro, imputado por asociación ilícita, peculado, defraudación, cohecho pasivo y falsedad ideológica.
Roberto Gabriel Blanco (ex Jefe de la Sección Logística) – miembro, imputado por asociación ilícita, peculado de caudales y bienes públicos, defraudación.
Nicolás Cuesta (ex Jefe de Policía Adicional) – miembro, imputado por asociación ilícita, peculado, defraudación, cohecho pasivo y falsedad ideológica.
Diego Martín Luna (ex Jefe del Cuerpo Guardia de Infantería) – miembro, imputado por asociación ilícita, peculado, defraudación, cohecho pasivo y falsedad ideológica.
Diego Edgardo Roldán (Inspector de la VI Zona) – miembro, imputado por asociación ilícita, peculado, defraudación, cohecho pasivo y falsedad ideológica.
Roberto Sandoval (Interventor de Medicina Legal) – miembro, imputado por asociación ilícita, peculado, defraudación, cohecho pasivo y falsedad ideológica.
Héctor Daniel Saucedo (ex Jefe de Policía Motorizada) – miembro, imputado por asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
Diego Alberto Santamaría (ex Jefe de Comando Radioeléctrico de Rosario) – miembro, imputado por asociación ilícita, peculado, defraudación y cohecho pasivo.
Juan Alberto Villordo (ex numerario de la Brigada Motorizada) – miembro, imputado por asociación ilícita.
Juan Manuel Herrera (ex Sub Jefe de la Brigada Motorizada) – miembro, imputado por asociación ilícita.
Fabián Darío Fantin (ex Jefe del Escuadrón Caballería y Sección Perros) – miembro, imputado por asociación ilícita.
El fiscal detalló que la asociación funcionaba bajo un esquema jerárquico claro: Acosta como jefe máximo, Domínguez como organizador y los demás imputados como miembros encargados de diversas secciones y tareas administrativas, especialmente relacionadas con la facturación y retiro de fondos de combustible.
El juez de Primera Instancia Gustavo Pérez de Urrechu formalizó la imputativa y prorrogó la prisión preventiva efectiva de varios de los acusados, entre ellos Daniel Alejandro Acosta, Rodrigo Sebastián Domínguez, Adrián Oscar Bahl, Fabián Oscar Becerra, Roberto Gabriel Blanco, Nicolás Cuesta, Diego Martín Luna, Diego Edgardo Roldán, Roberto Sandoval, Diego Alberto Santamaría, Héctor Daniel Saucedo, Juan Alberto Villordo y Juan Manuel Herrera, hasta la audiencia preliminar o hasta mayo de 2026 según corresponda.
Según la investigación fiscal, el dinero desviaba un circuito continuo de beneficios ilícitos, incluyendo dádivas en efectivo o en especie, y fue recaudado mediante planillas, facturación apócrifa y control interno a través de la llamada “Oficina de Gestión de Multas” (OGM), un sistema de sanciones internas para quienes no aportaban sus “retornos” quincenalmente.
Entre las secciones afectadas se incluyen: Cuerpo Guardia de Infantería, Brigada Motorizada, Comando Radioeléctrico, Sección Caballería y Perros, Grupo Táctico Multipropósito, Sección Logística y Secretaría Privada de la UR II. Se estima que la maniobra tuvo un impacto económico significativo para la administración pública provincial.
La causa expone un esquema de corrupción organizado y sistemático que operó en el corazón de la policía de Rosario durante casi dos años, afectando la distribución de recursos destinados a seguridad pública. La imputativa refleja un trabajo detallado de fiscalía y fuerzas de seguridad, mostrando cómo un grupo de funcionarios y oficiales utilizó su jerarquía y confianza institucional para beneficio propio, vulnerando la administración pública y generando malestar entre quienes cumplían sus funciones correctamente.
El caso seguirá su curso judicial, y las próximas audiencias preliminares serán decisivas para determinar responsabilidades penales concretas. La investigación subraya la importancia del control interno y la supervisión en organismos de seguridad, así como la necesidad de mecanismos transparentes para la gestión de recursos públicos.
