Prisión preventiva para el acusado de ocultar la moto y la ropa usada en el atentado
Mariano Alfredo García fue imputado como cómplice del ataque armado ocurrido el 16 de octubre contra el ingreso del HECA, donde un menor disparó múltiples veces contra una trabajadora. El juez dispuso prisión preventiva hasta el 30 de diciembre.
En una audiencia desarrollada este martes, en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Franco Tassini imputó a Mariano García por su presunta participación como cómplice en el ataque armado perpetrado un mes atrás en la rampa de acceso a la guardia del HECA, en Crespo al 1600. El 16 de octubre, cerca de las 17.30, un menor bajó de una motocicleta y efectuó múltiples disparos contra una trabajadora del área de telefonistas, quien logró salvarse al resguardarse debajo de un escritorio.
La víctima, una empleada que se encontraba en su puesto, vivió segundos de extrema tensión: los tiros estaban dirigidos directamente hacia ella y solo la reacción inmediata permitió evitar un homicidio. Tras el ataque, el menor dejó una nota intimidante, reforzando la intención de generar temor generalizado en un hospital público que diariamente recibe cientos de personas.
La moto utilizada —una Honda Wave 110 con pedido de secuestro— había sido robada semanas antes en Villa Gobernador Gálvez. Según la investigación, García habría recibido en su domicilio tanto el vehículo como la vestimenta utilizada por los autores, con el fin de ocultarlos e incinerar la ropa para borrar evidencias.
Tassini le atribuyó a García los delitos de tentativa de homicidio doloso agravado por arma de fuego e intimidación pública, ambos en concurso ideal y en calidad de cómplice subsequens. El juez de primera instancia, Dr. Santana, tuvo por formalizada la imputación y ordenó prisión preventiva hasta el 30 de diciembre, con posibilidad de prórroga.
La investigación señala que García habría cumplido un rol central en el encubrimiento, resguardando la moto en un rancho próximo a las vías ferroviarias y al basural de Felipe Moré al 3400. Al día siguiente del ataque, el menor regresó al lugar para retirar el vehículo y prenderlo fuego, siguiendo el plan previamente acordado.
El caso vuelve a mostrar la gravedad y planificación detrás de los ataques dirigidos contra instituciones públicas en Rosario. La audiencia imputativa marca un paso clave para esclarecer un hecho que pudo terminar en tragedia y que buscó sembrar miedo en un espacio esencial para la atención de la salud.
