Siete personas fueron imputadas por el robo de insumos

La escena podría parecer sacada de una novela policial, pero ocurrió en Rosario y en uno de los hospitales más emblemáticos de la ciudad. Este viernes, en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, imputaron a siete trabajadores del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) por el hurto reiterado de medicamentos, elementos médicos e insumos hospitalarios. El fiscal José Luis Caterina detalló los cargos que involucran a personal de distintas áreas del nosocomio, desde control interno hasta ropería y residuos.

Según la investigación, los delitos ocurrieron entre agosto y octubre de 2024 y fueron documentados mediante registros fílmicos, testimonios y allanamientos en los domicilios y espacios laborales de los imputados. Los elementos sustraídos iban desde cajas de medicamentos de venta bajo receta hasta materiales descartables y equipos médicos. Muchos de estos productos fueron encontrados en lockers, viviendas y hasta en dependencias internas del hospital.

El grado de organización detrás del delito sorprendió: había ocultamiento, desvío de elementos, complicidad entre superiores e incluso venta no autorizada de medicamentos. Varios de los imputados son empleados de planta permanente y ocupaban cargos sensibles en la cadena de custodia de insumos. La Jueza Dra. Chiabrera ordenó prisión preventiva hasta el 11 de agosto para todos los involucrados.

La causa, calificada por la Fiscalía como de “complejidad relativa pero alto impacto”, contempla dos líneas paralelas de investigación: una iniciada hace 10 meses y otra más reciente, de apenas 45 días. Aunque independientes entre sí, ambos grupos parecen compartir un mismo modus operandi: el retiro frecuente y sin violencia de insumos médicos del hospital, incluyendo desde hojas de bisturí hasta antibióticos y barbijos.

El hallazgo de este material en allanamientos a domicilios particulares encendió las alertas. Gracias a una ágil colaboración con la dirección del hospital, pudieron verificar la procedencia de los lotes sustraídos. En algunos casos, incluso, detectaron coincidencias con medicamentos que circulan de forma irregular en redes sociales y zonas periféricas de la ciudad.

Aunque no hay pruebas concretas sobre una red de reventa organizada, todo indica una motivación económica. La Fiscalía también investiga el rol de una funeraria, aunque aún sin pruebas firmes que la involucren directamente. El contexto dentro del hospital es tenso: miedo entre testigos, amedrentamiento y denuncias administrativas previas a la intervención penal.