Fueron tras varios allanamientos simultáneos de la PDI
La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre y secuestró material clave en una causa por explotación de una menor. Una mujer también fue aprehendida, aunque luego recuperó la libertad. La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal.
Un importante operativo policial tuvo lugar el viernes pasado en distintos puntos de Rosario, donde la Policía de Investigaciones (PDI), llevó adelante tres allanamientos simultáneos en el marco de una causa por presunta trata de personas con fines de explotación de una menor de edad.
Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía Federal, con intervención del área especializada en Criminalidad Económica, Trata de Personas y Otros Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Virginia Sosa.
Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en 9 de Julio al 1100, Buenos Aires al 1000 y Pasaje Mason al 3200. Allí, personal del Área de Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI detuvo a un hombre y aprehendió a una mujer, ambos mayores de edad. También se secuestró material considerado de interés para avanzar en la investigación, cuya naturaleza no fue detallada por tratarse de una causa sensible.
El despliegue policial contó con apoyo de los Grupos de Irrupción y de la Sección Canes Detectores, que asistieron en la búsqueda de elementos vinculados al caso. Desde el inicio de la pesquisa, los investigadores habían reunido indicios que señalaban la posible captación y explotación de la menor, lo que motivó la aceleración de las medidas judiciales.
La audiencia imputativa se llevó a cabo el lunes siguiente. El hombre quedó detenido bajo medidas cautelares dispuestas por la Justicia Federal, mientras que la mujer recuperó la libertad, aunque continuará vinculada a la causa mientras avanza la investigación.
El caso permanece en reserva por la presencia de una víctima menor de edad, y las autoridades destacaron que continúan las tareas para determinar el alcance de la maniobra y posibles responsables adicionales.
El operativo refleja la creciente intervención de organismos provinciales y federales en casos de explotación de personas, especialmente cuando se trata de víctimas menores. La causa sigue abierta y podría derivar en nuevas medidas en los próximos días.










