Fuertes condenas por una asociación delictiva que operaba en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Tres personas fueron condenadas a penas de hasta 19 años de prisión por integrar una organización ilícita que operaba desde la cárcel de Coronda. Las víctimas eran comerciantes, amenazados con armas y violencia.

El Tribunal integrado por los jueces Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas y Gonzalo Fernández Bussy dictó condena contra tres personas acusadas de integrar una asociación ilícita con ramificaciones dentro y fuera del sistema penitenciario.

Samanta Joana Vilches de 36 años, fue sentenciada a 19 años de prisión efectiva. Se la consideró organizadora de una red que cometía extorsiones, muchas veces utilizando menores de edad y armas de fuego. La acompañaban en el banquillo Vanesa Soledad Luna (35), condenada a 7 años y Lucas Robay Romagnoli (33) a 6 años, ambos por participación en diversas extorsiones con amenazas de muerte.

La causa, llevada adelante por el fiscal Socca de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, identificó a Vilches como colaboradora directa de Fabio Giménez, ya condenado a 15 años. Giménez, desde la cárcel de Coronda, impartía órdenes por teléfono para intimidar a víctimas, en su mayoría comerciantes, que recibían mensajes, amenazas, y en algunos casos ataques a tiros en sus domicilios y locales.

Las extorsiones eran meticulosamente planificadas. Vilches realizaba tareas de inteligencia, recolectando datos sensibles sobre las víctimas. Luego, con ayuda de otros miembros, se ejecutaban los ataques o exigencias. En una de las causas más graves, una víctima llegó a entregar $280.000 tras múltiples amenazas.

La organización actuó entre 2022 y 2023, en barrios del sur rosarino y Villa Gobernador Gálvez. Las víctimas fueron seguidas, intimidadas, y obligadas a pagar sumas en efectivo bajo riesgo de violencia directa.

Esta sentencia marca un paso importante en el desmantelamiento de una estructura criminal que operaba con impunidad desde el encierro. La investigación evitó nuevas amenazas y aportó justicia a víctimas que vivieron bajo un régimen de miedo sostenido y sistemático. Las penas buscan enviar un mensaje claro: la cárcel no debe ser plataforma del delito.