Investigan a policías y civiles por una estafa millonaria con combustible en Rosario
La Justicia investiga un complejo entramado de corrupción que involucra a policías de alto rango y civiles vinculados a una estación de servicio de Rosario. El fraude, centrado en la administración de combustible para patrulleros, derivó en la imputación de 17 personas, acusadas de cohecho, peculado, defraudación al Estado y falsedad ideológica. La mayoría se encuentra bajo prisión preventiva, en una causa que podría revelar una de las estructuras delictivas más grandes dentro de la Policía de Santa Fe.
Una organización mixta, con fondos públicos como botín
La investigación, a cargo del fiscal José Luis Caterina, reveló un sistema sostenido en el tiempo, donde tarjetas de carga de combustible (Visa Flota) eran manipuladas por funcionarios policiales para simular consumos inexistentes o inflar gastos reales. Todo el combustible figuraba como adquirido en una única estación de servicio, operada por la firma Gas Auto Tiferno S.A., ubicada en Ovidio Lagos al 3900.
Según las pruebas reunidas, este esquema permitía que una gran parte de los fondos destinados al abastecimiento de móviles policiales —en ocasiones hasta cinco millones de pesos diarios— fuera desviado mediante facturas apócrifas, posnet domiciliarios y el reparto de sobres con dinero en efectivo entre los agentes.
Facturación fantasma y sobornos sistemáticos
El mecanismo era simple pero eficaz: se usaban las tarjetas asignadas a los vehículos oficiales para registrar cargas falsas o sobrefacturadas. En muchos casos, los vehículos ni siquiera estaban en uso. Un comisario llegó a facturar un millón de pesos mensuales con su auto personal. En paralelo, los responsables de la estación de servicio armaban sobres con efectivo, etiquetados con nombres de policías, que luego se entregaban mensualmente en tres etapas: principio, mitad y fin de mes.
Las cámaras de seguridad, las escuchas telefónicas y los documentos secuestrados en múltiples allanamientos —incluidos domicilios de policías— confirmaron que el reparto de dinero era habitual y organizado.
Participación de civiles y jerarquías policiales
De los 17 imputados, 13 son policías y 4 civiles ligados a Tiferno. Entre los efectivos se encuentran jefes de divisiones clave, como Caballería, Logística, Perros y el Comando Radioeléctrico. Uno de los casos más alarmantes es el de Rodrigo Sebastián Domínguez, jefe de Secretaría Privada de la Unidad Regional II, quien habría facilitado el desvío de fondos al permitir que el Garage Oficial dependiera directamente de su oficina, eludiendo controles.
Entre los civiles, se destacan Mónica Juana Bianconi (presidenta de la firma), Oscar Artemio Coullery, Daniel Alberto Reynoso y María Fernanda De Franco, quienes, según la Fiscalía, no solo avalaban el sistema sino que participaban activamente de la entrega de dádivas. De Franco fue filmada entregando $240.000 en efectivo a un subinspector
Los imputados y los delitos que se les atribuyen
Gerardo Fabián Ramírez, Comisario Supervisor y Jefe de Garage de la UR II, está imputado por peculado, cohecho pasivo y defraudación agravada, en calidad de partícipe primario.
Rodrigo Sebastián Domínguez, Comisario Supervisor y Jefe de Secretaría Privada de la UR II, fue imputado por cohecho pasivo y peculado, siendo partícipe primario. Fue clave en el desvío institucional de partidas.
Fabián Darío Fantin, Comisario y Jefe de Caballería y Perros, enfrenta cargos por peculado, cohecho pasivo y falsedad ideológica.
Juan Pablo Pigozzi, Comisario y miembro de la Brigada de Orden Urbano, está imputado por peculado, falsedad ideológica y defraudación agravada, como partícipe primario.
Mario Rodrigo Brest, Inspector y Subjefe de Caballería y Perros, fue imputado por peculado, cohecho pasivo, falsedad ideológica y defraudación agravada.
Juan Alberto Villordo, Inspector y encargado de combustible de la Brigada Motorizada, está imputado por peculado, falsedad ideológica, cohecho pasivo y defraudación agravada. Fue hallado facturando con 300 tarjetas sobre la mesa.
Nanci Gabriela Plomer, Inspectora Jefa de Ficheros de Personal, fue imputada por peculado y defraudación agravada, como partícipe primaria, a pesar de no manejar combustible. Tenía un posnet en su domicilio.
Franco Sebastián Cuesta, Inspector y encargado de combustible en la Policía de Investigaciones (PDI), enfrenta cargos por peculado, cohecho pasivo y defraudación agravada.
Javier Norberto Arce, Subinspector del Cuerpo Guardia de Infantería, está imputado por cohecho pasivo, peculado, defraudación agravada y falsedad ideológica.
Jorge Antonio Delgado, Subinspector de Logística, fue imputado por cohecho pasivo, peculado, defraudación agravada y falsedad ideológica. Fue filmado recibiendo sobres.
Fernando Miguel Ceballos, Subinspector del Grupo Táctico Multipropósito (GTM), está imputado por cohecho pasivo, peculado y defraudación agravada.
Gustavo Adrián Bazán, Subinspector del Garage Oficial, fue imputado por cohecho pasivo, peculado y defraudación agravada, y recibió dinero en efectivo directamente.
Sergio Darío López, Subinspector y encargado de combustible del Comando Radioeléctrico, enfrenta cargos por cohecho pasivo, peculado y defraudación agravada.
Mónica Juana Bianconi, Presidenta de Gas Auto Tiferno S.A., fue imputada por peculado, cohecho activo y defraudación agravada.
Oscar Artemio Coullery, Director suplente de Tiferno, está imputado por peculado, cohecho activo y defraudación agravada.
Daniel Alberto Reynoso, encargado operativo de Tiferno, enfrenta cargos por peculado, cohecho activo y defraudación agravada.
María Fernanda De Franco, Administrativa de Tiferno, fue imputada por peculado y cohecho activo, como partícipe secundaria. Es la única imputada que permanece en libertad, con restricciones.
Una estructura aceitada, con impacto económico y político
El fraude, en su punto más alto, habría alcanzado los 150 millones de pesos mensuales, con un desfalco acumulado de más de 400 millones entre agosto de 2024 y mayo de 2025. La causa ha sacudido a la estructura policial provincial y motivó una serie de allanamientos en dependencias clave como Caballería, Logística y Perros.
Aunque algunos defensores intentaron relativizar las acusaciones, el juez Gustavo Pérez de Urrechu valoró la solidez de las pruebas y dictó prisión preventiva por seis meses para 16 imputados. La única persona que quedó en libertad bajo condiciones fue María Fernanda De Franco, empleada administrativa de Tiferno.
Un punto de inflexión institucional
El fiscal Caterina calificó la causa como un “caso de corrupción sistemática”, con vínculos internos y externos a la fuerza de seguridad. También destacó la colaboración de la Subsecretaría de Control para preservar las pruebas y aseguró que se trabaja para evitar que la investigación impacte en la operatividad policial. Ya se restituyeron tarjetas flota con nuevos controles, y el sistema de patrullaje no se ha visto afectado.
El proceso sigue en marcha
La investigación se encuentra en una fase inicial. Los elementos secuestrados —incluyendo dispositivos electrónicos— están siendo analizados. Se esperan nuevas imputaciones y pericias. La Fiscalía no descarta que haya más jerárquicos involucrados. La magnitud del desfalco y la cantidad de personas implicadas hacen de este caso una de las investigaciones por corrupción institucional más relevantes en Rosario en los últimos años.
