La medida se llevó adelante en el predio de la Aprad, en Alvear. Los caños de escape modificados habían sido secuestrados en distintos procedimientos

El Gobierno de Santa Fe destruyó 200 caños de escape adulterados de motocicletas que habían sido secuestrados en distintos procedimientos vinculados al delito. El operativo se realizó en el predio de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), en la localidad de Alvear, como parte de la política provincial destinada a afectar la estructura económica de las organizaciones delictivas.

La destrucción de los caños de escape fue coordinada por el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública a través de la Aprad, luego de un relevamiento de vehículos secuestrados que serían retirados definitivamente de circulación.

Según explicaron desde el Gobierno provincial, los elementos habían sido modificados de manera ilegal y generaban ruidos molestos que afectaban la convivencia en distintos barrios de Santa Fe. Por ese motivo, se resolvió destruirlos para impedir que vuelvan a comercializarse o sean reutilizados.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo que el procedimiento forma parte de una estrategia sostenida para quitarle recursos a las organizaciones delictivas.

“Después de un trabajo coordinado y de relevamiento de los vehículos secuestrados, se separaron 200 caños de escape adulterados que generaban disturbios a vecinos de distintos barrios de la provincia”, explicó el funcionario.

Además, remarcó que la gestión provincial busca darle un destino útil a todos los bienes decomisados. “Algunos son subastados, otros donados y, en los casos en que representan un riesgo o no pueden reutilizarse, son destruidos para evitar que regresen al circuito ilegal”, afirmó.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esta medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a afectar el patrimonio de las organizaciones criminales. El objetivo es impedir que los bienes obtenidos o utilizados para actividades ilícitas vuelvan al mercado.

En ese marco, la Aprad administra los elementos decomisados por orden judicial y define su destino final mediante subastas públicas, donaciones a instituciones o reutilización por parte del Estado, siempre que las condiciones legales y técnicas lo permitan.

Con la destrucción de estos 200 caños de escape adulterados, la Provincia busca reducir las molestias que generan estos dispositivos en la vía pública y reforzar las acciones para combatir el mercado ilegal asociado al delito