La Justicia ordenó el cierre definitivo de un predio utilizado para la disposición ilegal de residuos
Un basural clandestino ubicado a la vera de la Ruta Provincial 34-S, en la ciudad de Funes, fue clausurado de manera definitiva por orden judicial luego de una investigación desarrollada en conjunto por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La resolución se conoció tras una serie de inspecciones, allanamientos e imputaciones vinculadas al funcionamiento irregular del predio.
La causa se inició luego de que el Ministerio de Ambiente detectara, durante distintas inspecciones realizadas desde 2025, que el lugar era utilizado para la disposición de residuos sin contar con autorización. Pese a las reiteradas intimaciones para cesar la actividad, las irregularidades continuaron, lo que derivó en una denuncia penal.
Cómo avanzó la investigación
A partir de la presentación judicial realizada en marzo de este año, se llevaron adelante allanamientos con intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Organismo de Investigaciones del MPA.
Durante los procedimientos se comprobó la presencia de distintos tipos de residuos acumulados de manera irregular y fueron imputados dos hombres vinculados con la administración del predio.
Tras analizar las pruebas reunidas, el Tribunal Unipersonal del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial Nº 2 resolvió ordenar la clausura definitiva del basural y dispuso medidas para impedir que vuelva a funcionar.
Además del cierre del predio, la resolución judicial estableció que los cuerpos de Bomberos de Rosario y/o Funes deberán extinguir los focos ígneos existentes en el lugar.
También se ordenó a la Municipalidad de Funes cerrar los dos accesos al terreno para evitar nuevos ingresos de vehículos o el vuelco de residuos.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, remarcó que el predio nunca contó con autorización para recibir residuos y recordó que su destino original estaba previsto para el uso comunitario.
El funcionario destacó además la coordinación con el Ministerio Público de la Acusación para fortalecer los controles ambientales y combatir los basurales clandestinos que representan un riesgo para la salud pública y generan un fuerte impacto sobre el ambiente.
Según informó la cartera ambiental, desde 2019 se habían constatado ingresos de camiones municipales y privados, movimiento de maquinaria, disposición irregular de residuos y quema clandestina de desechos.
Las autoridades recordaron que estas prácticas constituyen infracciones a la legislación ambiental nacional y provincial, por lo que, además de las sanciones administrativas, pueden dar lugar a actuaciones penales cuando se comprueba la existencia de delitos ambientales
