La Justicia revisó la medida cautelar y resolvió que el acusado continúe el proceso en libertad

Ramón L de 55 años, quedó en libertad bajo estrictas reglas de conducta tras una audiencia de revisión de medida cautelar realizada este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El imputado está acusado de presuntos delitos contra la integridad sexual de menores ocurridos en un jardín de infantes del barrio Empalme Graneros, donde se desempeñaba como guardia de la institución.

La audiencia fue solicitada por la defensa, que argumentó la existencia de nuevos elementos incorporados a la investigación para pedir que el acusado atravesara el proceso en libertad. La fiscal Julia Feldman, a cargo de la causa, rechazó ese planteo y solicitó que continuara la prisión preventiva.

Luego de escuchar a las partes, el juez de Primera Instancia Dr. Coria hizo lugar al planteo de la defensa y ordenó la libertad del imputado bajo una serie de reglas de conducta que regirán, en principio, hasta el 3 de noviembre de 2026, salvo que la Fiscalía presente antes el requerimiento acusatorio.

Entre las condiciones impuestas figuran la obligación de fijar domicilio, firmar quincenalmente en la Oficina de Gestión Judicial, no salir de la provincia de Santa Fe y mantener una prohibición absoluta de contacto con las familias denunciantes, tanto de manera personal como por medios electrónicos o redes sociales.

Además, el magistrado dispuso una restricción de acercamiento de 500 metros respecto de los domicilios de las familias denunciantes y del jardín de infantes donde habrían ocurrido los hechos.

La causa fue iniciada tras la denuncia por presuntos abusos cometidos contra niños de 4 y 5 años dentro de una institución educativa de nivel inicial ubicada en barrio Empalme Graneros.

De acuerdo con la imputación formulada originalmente por la fiscal Antonela Valente, el acusado habría aprovechado su función como guardia del establecimiento para cometer los hechos en distintas oportunidades. También se le atribuye haber intimidado a una de las presuntas víctimas para impedir que relatara lo sucedido.

Los episodios fueron revelados el 10 de junio de 2026, lo que dio inicio a la investigación judicial y a la posterior audiencia imputativa realizada el 17 de junio.

Tras la imputación, el expediente fue reasignado a la fiscal Julia Feldman, integrante de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual.

La investigación permanece en curso y deberá determinar, mediante la producción de pruebas y el avance del proceso penal, la responsabilidad o no del imputado. La decisión conocida este viernes modifica únicamente la medida cautelar y no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la acusación