Aún hay una docena más de sospechosos que están siendo intensamente buscados

Tras el megaoperativo con más de 100 allanamientos por narcotráfico, cuatro personas buscadas decidieron entregarse. El despliegue, que dejó 33 detenidos, fue encabezado por la justicia provincial, y llevado adelante por fuerzas federales y provinciales

A raíz de un operativo inédito en su magnitud, realizado el lunes pasado en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y tres cárceles santafesinas, cuatro personas identificadas como prófugas por causas de narcotráfico se entregaron voluntariamente ante la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina.

El procedimiento, fue coordinado por el Comando Unificado de las Fuerzas Federales, el Departamento de Investigaciones del Narcotráfico (DFI) y la Policía de Santa Fe. En total, ejecutaron 130 allanamientos simultáneos que derivaron en 33 detenciones, importantes incautaciones de drogas, armas de fuego y dinero en efectivo.

Entre los detenidos figuran nombres vinculados a barrabravas y estructuras criminales como “Los Monos”, tales como; Alejandro “Zapa” Vallejos, jefe de la barra de Newell’s Old Boys y José “Yiyo” Medrano, líder de la barra del Club Coronel Aguirre y empleado de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, pero también hay sospechas sobre complicidades institucionales: una agente policial y empleados municipales fueron apartados de sus funciones mientras avanza la investigación.

Los cuatro prófugos que se presentaron ante las autoridades son tres hombres —de 30, 31 y 50 años— y una mujer de 31 años, todos de nacionalidad argentina. Tres de ellos están señalados por su presunta participación en la venta de estupefacientes. La mujer sería pareja de un interno del penal de Piñero, vinculado a un sicario de la organización delictiva mencionada.

La presentación espontánea fue notificada de inmediato a los fiscales Pablo Socca, Brenda Debiasi y Franco Carbone, quienes dispusieron la detención preventiva de los implicados hasta la celebración de la audiencia imputativa. Las causas se encuadran en la Ley Nacional de Estupefacientes (23.737), con agravantes por organización y comercialización.

Este caso, que mantiene en vilo a la región, representa un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico local, en especial por la respuesta que ha generado entre quienes hasta hace días estaban prófugos. La decisión de entregarse, según allegados, estuvo motivada por el temor a nuevas detenciones y la visibilidad que alcanzó la causa tras el operativo.

Mientras tanto, la Justicia continúa trabajando con cautela para evitar filtraciones y garantizar que las investigaciones avancen sin vulnerar derechos ni revictimizar a comunidades ya golpeadas por la violencia estructural.