Los tres imputados en la causa de encomiendas ilegales, quedaron con prisión domiciliaria

Tres empleados del Correo Argentino fueron imputados y continuarán el proceso bajo prisión domiciliaria, acusados de participar en una maniobra para ingresar mercadería extranjera sin controles aduaneros ni pago de tributos. La justicia investiga a más involucrados.

Un servicio postal paralelo, fuera de toda legalidad. Esa es la figura central que emerge de la investigación llevada adelante por la fiscal federal Soledad García, que este viernes derivó en la imputación de tres funcionarios del Correo Argentino en Rosario, acusados de organizar un sistema clandestino para el ingreso de mercaderías extranjeras al país sin pasar por Aduana.

El esquema, que funcionó al menos desde 2023, tenía base en la sede de la empresa estatal ubicada en calle Córdoba 721 y según la acusación, permitía que paquetes con productos importados fueran retirados de las sacas procedentes del centro de distribución de Monte Grande, para ser entregados directamente en manos de los destinatarios, sin intervención aduanera ni tributos.

El viernes pasado, el juez federal Eduardo Rodrígues da Cruz resolvió que Hugo Latorraca (jubilado, ex encargado de Encomiendas Internacionales), Eduardo Cristofoli (jefe del Nodo Rosario) y Maia Levinstein (encargada de contacto y coordinación con destinatarios) sigan el proceso judicial bajo prisión domiciliaria. La audiencia, que estuvo marcada por la ausencia de uno de los acusados –Juan Pablo Acosta–, dio paso a una causa que podría involucrar a más personas.

La investigación se centra en el uso de canales informales para ingresar al país mercadería sin la intervención del régimen de Envíos Postales Internacionales. Los acusados ofrecían este servicio a cambio del 50% del monto que legalmente debía abonarse en concepto de impuestos. La maniobra tenía como objetivo evitar los controles oficiales, generando un circuito paralelo de importación clandestina.

Uno de los principales destinatarios era Juan Pablo Galli, quien recibió 486 encomiendas en sus domicilios de Rosario y Arroyo Seco. Se trataba de juguetes coleccionables, CDs y vinilos, valuados en aproximadamente 155 mil dólares. Las encomiendas ingresaban a nombre de otras personas –entre ellas María Eugenia Alfonso, esposa de Galli– pero eran entregadas en los mismos puntos, una maniobra que, según la fiscalía, fue planificada para evitar sospechas.

A su vez, Alfonso fue señalada como partícipe secundaria, ya que colaboró activamente en la recepción de los paquetes. También se investiga a Javier Jolivet y otras personas aún no identificadas que habrían recibido mercadería en condiciones similares.

Los defensores Paul Krupnik y Martín Marini, representantes de Cristofoli y Levinstein, solicitaron la prisión domiciliaria, medida que fue concedida por el juez ante la falta de antecedentes y riesgo procesal moderado. El abogado Fernando Sirio representa a Hugo Latorraca.

Este hecho evidencia una vulnerabilidad en el sistema estatal de control de encomiendas y subraya la responsabilidad de quienes, desde cargos públicos, decidieron facilitar un esquema clandestino que no solo perjudica al Estado sino también al ciudadano que paga sus tributos en regla.

Mientras la justicia avanza en determinar cuántas personas fueron beneficiadas por este circuito paralelo, el proceso judicial sigue en marcha y no se descarta que más imputaciones salgan a la luz en las próximas semanas.