Condenaron a cuatro integrantes de una banda criminal

En un fallo judicial de alto impacto, la jueza Silvia Castelli homologó un procedimiento abreviado que establece penas efectivas para integrantes de una organización criminal con base en la zona sur de Rosario y vínculos con la cárcel de Piñero.

Este viernes, la Justicia avanzó con una nueva sentencia que busca desarticular redes criminales que operan tanto dentro como fuera del sistema penitenciario. En una audiencia celebrada en los tribunales de Rosario, la jueza de Primera Instancia Silvia Castelli homologó un procedimiento abreviado presentado por el fiscal Franco Carbone y aceptado por las defensas, en el que se condenó a cuatro personas por diversos delitos vinculados a una asociación ilícita con base operativa en Rosario y ramificaciones en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

Los condenados son Luna Segovia, Nahuel Chávez, Javier Ortiz y Brandon Aramburu, todos con roles activos en actividades delictivas que incluyen amenazas armadas, tenencia de armas, encubrimientos y narcotráfico.

Los condenados y sus roles dentro de la organización

Luna Segovia fue condenada a 3 años y 9 meses de prisión efectiva por formar parte de una asociación ilícita y por cometer amenazas coactivas agravadas con armas de fuego. Su participación fue clave en la logística del grupo: resguardaba las armas utilizadas por su entonces pareja, Nahuel Chávez, y operaba una línea telefónica que utilizaban para intimidar a víctimas. Uno de los hechos que se le atribuyen ocurrió el 18 de marzo de 2023, cuando se registraron 11 disparos contra una vivienda y se dejó una nota con un número de contacto. La conexión de su teléfono con el dispositivo de la víctima fue una prueba determinante.

Nahuel Chávez, ex pareja de Segovia, recibió una condena de 4 años y 2 meses de prisión efectiva por múltiples delitos: asociación ilícita, portación ilegítima de arma de guerra, abuso de armas, encubrimiento agravado y encubrimiento simple. Su rol dentro de la banda era operativo: participaba en usurpaciones, amenazas armadas y ataques directos por órdenes de los líderes de la organización. Entre los hechos comprobados, se lo acusó de protagonizar un ataque armado el 3 de junio de 2023, disparando al menos nueve veces contra una vivienda donde se encontraba una madre con sus dos hijos pequeños. También se lo encontró circulando en motocicletas robadas.

Javier Ortiz fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por integrar la asociación ilícita y participar en ataques armados como represalia por el homicidio de Jonatan Schneider, ocurrido el 4 de septiembre de 2022. Su función dentro del grupo era ejecutar acciones violentas encargadas por los líderes Gastón S. y Lucía Z., enfocadas en amedrentar a enemigos o víctimas de extorsión.

Brandon Aramburu, por su parte, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, pena que se unificará con una anterior para cumplir 17 años de prisión efectiva. Fue hallado culpable de comercio de estupefacientes dentro del pabellón 6 de la cárcel de Piñero. Aprovechando su rol de delegado del pabellón, organizaba el ingreso semanal de droga a través de mujeres embarazadas que visitaban a otros reclusos. Posteriormente, él mismo fraccionaba y vendía la droga, y su pareja, C.B., recibía el dinero de las transacciones mediante transferencias bancarias: se detectaron más de mil operaciones de este tipo entre septiembre de 2022 y marzo de 2024.

El entramado criminal: organización, poder y violencia

El fiscal Carbone presentó pruebas que acreditan que los condenados actuaban bajo las órdenes de Gastón S., un interno de la cárcel de Piñero que dirigía la organización desde prisión, utilizando celulares ingresados de forma ilícita. Desde allí, se articulaban ataques, intimidaciones y movimientos logísticos. La banda actuaba principalmente en los barrios La Paloma, Saladillo, La Carne, Roque Sáenz Peña y Molino Blanco, con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante extorsiones, usurpaciones, venta de drogas y dominio territorial.

La asociación ilícita en cuestión no operaba de manera aislada: era una célula subordinada a una estructura criminal más amplia, liderada por Luciano Uriel Cantero, Érica Elena B. y Lorena V, ya imputados. El carácter jerárquico y sistemático de la organización fue uno de los elementos claves que motivó la calificación penal.

Además de los cuatro condenados en esta instancia, se suman otras personas previamente sentenciadas por la misma causa, como Axel Dos Anjos, Mauricio Altamirano, Celeste Barjollo, Isaac Olivera y Carlos Schneider, todos por asociación ilícita y delitos conexos.

Más allá de las penas impuestas, el proceso pone en evidencia cómo el accionar coordinado y jerárquico de estas bandas puede sostenerse incluso desde el encierro. El desafío sigue siendo doble: cortar con las redes externas y eliminar los canales de operación internos desde las cárceles.