La Cámara baja de Santa Fe aprobó un proyecto que impide al Estado contratar con personas o entidades condenadas por corrupción

En un paso decisivo hacia la transparencia institucional, la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley que podría marcar un antes y un después en las contrataciones del Estado provincial. Impulsado por la legisladora Lionella Cattalini, el proyecto establece que ninguna persona física ni jurídica con antecedentes por delitos de corrupción podrá ser contratada por la administración pública.

La iniciativa apunta a un cambio cultural y estructural: evitar que quienes han violado la ley y traicionado la confianza pública puedan seguir beneficiándose de fondos estatales. Empresas, cooperativas, mutuales o individuos deberán cumplir con un requisito básico pero fundamental: tener “ficha limpia”.

“No se trata de crear más burocracia ni trabas, sino de aplicar un filtro que debería ser de sentido común”, expresó Cattalini. “El objetivo es proteger a los que actúan correctamente y poner límites a quienes hacen del Estado un negocio personal”.

En una Argentina golpeada por escándalos recurrentes en la gestión de lo público, la propuesta responde a una demanda social concreta: terminar con los privilegios y blindar los recursos del Estado de intereses espurios. A su vez, busca nivelar la cancha para quienes compiten de manera legal y ética por licitaciones.

La media sanción fue acompañada con amplio respaldo y ahora el proyecto espera su debate en el Senado, donde podría convertirse en ley y transformar los criterios de selección para contratistas estatales.

La aprobación de este proyecto no solo representa un freno a la impunidad, sino también un gesto político claro: en Santa Fe, quien haya defraudado al Estado no podrá volver a hacer negocios con él. Transparencia y legalidad como condiciones mínimas para construir confianza pública.