Lo acusan por participar de extorsión, influencias y poseer fondos millonarios bajo sospecha
El financista rosarino Fernando Whpei fue imputado por delitos de extorsión y tráfico de influencias y recibió una prisión preventiva de 90 días. También se le trabó una inhibición de bienes por $1400 millones. La investigación apunta a su participación junto al juez federal Marcelo Bailaque y al ex jefe de la AFIP, Carlos Vaudagna, en maniobras judiciales y financieras que beneficiaron sus intereses.
Tras una audiencia maratónica que se extendió por más de ocho horas en los Tribunales Federales de Rosario, el juez Eduardo Rodríguez da Cruz dispuso que Fernando Whpei permanezca detenido preventivamente durante tres meses. La medida incluye además la inhibición de sus bienes, valuados en más de mil millones de pesos, y se enmarca en una compleja trama de corrupción institucional.
El núcleo de la imputación está compuesto por dos hechos de enorme gravedad. El primero, ocurrido en 2019, involucra la supuesta extorsión a dos empresarios —Claudio Iglesias y Jorge Onetto— quienes fueron presionados para entregar dinero a cambio del cierre de una causa judicial armada, según los fiscales, por el entonces juez Marcelo Bailaque y con intervención directa de Vaudagna desde la AFIP, hoy ARCA. Whpei habría sido el intermediario elegido por su influencia en ámbitos judiciales y económicos.
El segundo eje de la investigación se centra en la administración de los fondos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín. En 2020, y tras la detención del sindicalista Hermes “Vino Caliente” Juárez, el juez Bailaque intervino la cooperativa y transfirió más de mil millones de pesos a una mutual manejada por los hermanos Whpei. Esa operación es considerada irregular, ya que se trataba de una entidad no regulada por el Banco Central.
Durante la audiencia, la defensa de Whpei intentó minimizar su rol, pero, la falta de registros en su teléfono móvil y la compra de celulares encriptados fortalecieron la hipótesis de riesgo de entorpecimiento de la investigación, argumento que pesó en la decisión del juez.
Además, el fiscal Sergio Rodríguez solicitó el embargo de propiedades, acciones y una embarcación pertenecientes a Whpei. Otro dato relevante es el uso intensivo de vuelos privados, lo que refuerza el riesgo de fuga.
Pese a que la defensa intentó argumentar razones familiares —la salud de su hija— para solicitar prisión domiciliaria, el juez sostuvo que el peligro procesal es alto y que la detención debe mantenerse. Whpei quedó alojado en una dependencia especial de la PSA en el Aeropuerto de Rosario, una celda “VIP” que, aunque no es una cárcel, sirve para alojar detenidos con causas de alto perfil.
La detención preventiva de Fernando Whpei representa un avance significativo en una causa que combina justicia, poder económico y político en Rosario. Las imputaciones, sustentadas por múltiples evidencias y testimonios, colocan en el centro del escándalo no solo al financista, sino también al juez Bailaque y a otros actores del sistema. El caso expone, una vez más, las conexiones peligrosas entre los intereses privados y las instituciones del Estado.
