Brian Ismael “Pocha” Sánchez tiene 23 años y se encuentra preso desde febrero de 2017, cuando entró herido de un tiro en la espalda al Hospital Eva Perón y le saltaron varios pedidos de captura. Desde diciembre de 2019, el Pocha purga una condena a 20 años por dos crímenes y dos tentativas de homicidio, hechos de sangre cometidos cinco años atrás en el marco del conflicto entre los clanes Ungaro-Funes contra la alianza Caminos-Segovia. Ahora Pocha sumó una imputación desde su celda, como instigador del ataque a tiros que sufrió Uriel Rodríguez el 26 de octubre de 2020 en el monoblock del 13 Fonavi de Hipócrates al 4600.

Ese día de octubre, Uriel recibió tres tiros en un departamento del segundo piso, y el secuestro del celular del tirador, Emanuel Fernández (detenido el día del hecho y ya preso e imputado), alumbró el trasfondo del atentado, de acuerdo con la investigación del fiscal de Homicidios Alejandro Ferlazzo.

Once días atrás en la misma causa fue acusada Gisela “Paquete” Gutiérrez”, madre de la joven Mariel Lezcano, la chica que fue asesinada el pasado 13 de octubre en Ayacucho 4389, crimen por el que fue imputado otro convicto, Alan Funes, quien supo ser aliado de Pocha en otros tiempos. La Paquete se encuentra en prisión preventiva como partícipe necesaria del ataque a Uriel.

Instigador

Ferlazzo acusó a Pocha este jueves: “Ordenó desde su lugar de detención donde cumple condena por diversos hechos de homicidio, la totalidad del ataque con arma de fuego que Emanuel Fernandez debía ejecutar contra Carlos Alberto Rodríguez, su hijo Uriel Rodríguez y/o a cualquier persona que se le presente”.

Desde su celda, Pocha coordinó quién le iba a señalar al sicario el lugar donde se domiciliaba la víctima, las personas a las que se debía disparar, y la entrega del arma y las municiones con las cuales se debía efectivizar el encargo, detalló el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Es así que Pocha coordinó con la apodada Paquete la entrega a Emanuel Fernández la pistola calibre 9 milímetros con la que luego cometió el hecho; también le pidió a la mujer que le individualice a Emanuel Fernández las personas a las que debía dispararles, el lugar en donde se encontraban, y para que colaborara con la ejecución del encargo. Según la investigación, el tiratiros debía dar muerte al apodado Betín, a su hijo Uriel o a cualquier persona que se le presentara. Todo se planeó con la promesa de pagar a Fernández y a Paquete una suma de dinero luego de cometido el hecho, dijo el fiscal.

Clave en la investigación para llegar a Paquete y a Pocha fueron las conversaciones extraídas del celular secuestrado a Fernández al ser aprehendido a unas seis cuadras del ataque, en Sánchez de Thompson y Abanderado Grandoli. El dermotest sobre sus manos y el peritaje a la pistola secuestrada arrojaron resultados positivos, señala la evidencia.

Control en las comunicaciones

Pocha firmó abreviados en 2019 por los crímenes de Alberto Luis “Cachi” Ruiz Díaz; Walter “Kuchy” Mena y el kiosquero Sergio Cecchini, además de dos tentativas de homicidio.

En el nuevo caso el juez de primera Instancia Gustavo Pérez Urrechu tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. Además el magistrado dispuso hacer saber al Servicio Penitenciario que el imputado “deberá establecer comunicación telefónica de manera oficial, y poner en su conocimiento que deberán extremar los controles y periodicidad sobre teléfonos celulares o comunicaciones no permitidas, de acuerdo a su perfil y las características del presente caso”.