El ex juez federal fue formalmente acusado por corrupción judicial, junto a su esposa y un escribano
El Ministerio Público Fiscal presentó tres acusaciones contra el ex magistrado federal Marcelo Martín Bailaque y solicitó una pena unificada de 10 años de cárcel. También imputó a su esposa y a un escribano.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó en Rosario tres acusaciones formales contra el ex juez federal Marcelo Martín Bailaque por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su función. Las presentaciones se realizaron por escrito, conforme al artículo 274 del Código Procesal Penal Federal, y constituyen el paso previo al pedido de juicio oral. La fiscalía estimó una pena de 10 años de prisión, inhabilitación y multas. Bailaque cumple actualmente prisión domiciliaria.
Las acusaciones fueron impulsadas por la Unidad Fiscal Rosario y procuradurías especializadas. Intervinieron, entre otros, los fiscales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari, Diego Iglesias, Matías Scilabra y Sergio Rodríguez.
Según el MPF, la imputación principal atribuye a Bailaque delitos como prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
La fiscalía solicitó que los expedientes se unifiquen en un único debate oral por la conexidad entre los hechos investigados.
Uno de los ejes centrales es una presunta maniobra de extorsión desarrollada entre 2019 y 2024. De acuerdo con la acusación, se habrían impulsado actuaciones judiciales contra empresarios, con el objetivo de exigir 200 mil dólares para no perjudicar a uno de ellos en una causa penal. La víctima habría entregado 160 mil dólares.
En ese legajo también fueron acusados el escribano Santiago B, señalado como instigador, y el ex funcionario Carlos Vaudagna, la fiscalía estimó una pena de 6 años de prisión e inhabilitación.
Otro hecho atribuido a Bailaque es el cobro de pagos mensuales, presuntamente encubiertos como alquiler de un inmueble en Caleta Olivia, por más de 5,7 millones de pesos.
Al fundamentar el requerimiento, los fiscales señalaron que las conductas atribuidas “configuran un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
El fiscal Reynares Solari sostuvo que los delitos fueron cometidos “con dolo directo y con pleno dominio”, y que el ex juez utilizó su cargo “como herramienta delictiva”.
La acusación también incluye la compra de un lote en un barrio cerrado de Funes por 70 mil dólares en efectivo, operación en la que fue imputada su esposa, Graciela Martínez M, por lavado de activos. Para ella se pidió una pena de 4 años y 6 meses.
En otra causa, se atribuyó a Bailaque haber favorecido intereses privados al liberar fondos millonarios de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín.
Además, enfrenta cargos por presunto retardo y resoluciones contrarias a derecho en una investigación vinculada al narcotraficante Esteban Lindor Alvarado.
Las acusaciones deberán ser analizadas en audiencia de control. Allí se definirá si el proceso avanza a juicio oral y bajo qué condiciones. El MPF pidió decomisos de bienes, dispositivos electrónicos e inmuebles vinculados a los hechos investigados.
