El Tribunal consideró que no hubo pruebas suficientes

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario absolvió por mayoría a los 17 ex policías federales acusados por secuestros, torturas y homicidios cometidos en Villa Constitución durante los años 70. Las querellas adelantaron que apelarán el fallo.

Este martes, en los Tribunales Federales de Rosario, se conoció la sentencia del Fallo N.º 114/2025, que puso fin a un extenso proceso judicial iniciado hace más de una década. El Tribunal Oral Federal Nº 1 —integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Vásquez y Otmar Paulucci— resolvió absolver a los 17 imputados, ex integrantes de la Policía Federal Argentina, acusados por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa conocida como “El Villazo”.

La decisión, adoptada por mayoría, generó sorpresa y polémica. El tribunal consideró que no se logró probar con certeza la participación individual de los acusados en los secuestros y torturas sufridos por decenas de trabajadores metalúrgicos y militantes de Villa Constitución entre 1975 y 1978.

El juicio abarcó más de 40 casos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios. Entre las víctimas se encontraban referentes sindicales como Alberto Piccinini, Juan Actis, Miguel Simonovich y Zenón Sánchez, todos ellos perseguidos durante los años de mayor represión en el cordón industrial del sur santafesino.

Las acusaciones señalaban que los hechos ocurrieron con la complicidad de la empresa ACINDAR S.A., donde habría funcionado un centro clandestino de detención conocido como el “Albergue de Solteros”. Según testimonios, en ese lugar se alojaron y torturaron trabajadores antes de su traslado o desaparición.

Sin embargo, el tribunal decidió no reconocer ese predio como centro clandestino, al entender que no hubo pruebas concluyentes para acreditarlo judicialmente.

Durante el proceso intervinieron el Fiscal General Adolfo Villatte, junto a un amplio equipo de auxiliares, y las querellas representadas por organismos de derechos humanos y sindicales: el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la UOM, la APDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Las defensas, encabezadas por los abogados Hernán Kovacevich, Ignacio Zunino, Gonzalo Miño y el Defensor Público Julio Agnoli, reclamaron la nulidad del proceso y sostuvieron la falta de pruebas directas. Kovacevich afirmó en su alegato final que “la verdad se impuso sobre el tiempo y la injusticia”, subrayando que ningún testigo identificó a sus defendidos en los hechos denunciados.

El Tribunal rechazó los planteos de las querellas que pedían declarar inconstitucionales los decretos de 1974 y 1975, que ordenaban “aniquilar la subversión”, y también denegó el pedido de nulidad presentado por las defensas. Finalmente, resolvió absolver a todos los imputados, disponer la inmediata libertad de tres de ellos y tener presente las reservas recursivas de las partes acusadoras.

El fallo provocó fuertes reacciones entre las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas, quienes lo calificaron como “un retroceso en materia de memoria y justicia”. Anticiparon que apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Desde el lado de las defensas, el clima fue de alivio. Consideraron que el veredicto restablece el principio de inocencia y pone fin a un proceso “prolongado e injusto”.

El caso “El Villazo” forma parte de las Causas ACINDAR, que investigan la colaboración entre fuerzas estatales y sectores empresariales durante la represión sindical de los años setenta. Aunque este fallo significó una absolución general, el tema sigue abierto: las apelaciones podrían modificar el resultado en instancias superiores.

En definitiva, el Tribunal entendió que no hubo pruebas suficientes para condenar, mientras que las víctimas insisten en que la impunidad se impuso al paso del tiempo. Una vez más, la memoria y la justicia quedaron en debate.

El fallo del Tribunal Federal N.º 1 de Rosario deja una marca en la historia judicial de la región: después de años de audiencias, decenas de testigos y cientos de pruebas analizadas, la justicia concluyó que no pudo probar los delitos atribuidos a los ex policías. El veredicto divide aguas entre quienes celebran el respeto al debido proceso y quienes lo viven como una herida abierta en la búsqueda de verdad y reparación.