Detuvieron a un enfermero del PAMI por tráfico ilegal
La Gendarmería detuvo a un enfermero del PAMI II por comercializar fentanilo y otros fármacos críticos de uso exclusivo hospitalario. La Justicia Federal lo investiga por su posible vinculación con la muerte de un joven en 2023.
Un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación federal que lo señala como presunto responsable de sustraer y vender de forma ilegal medicamentos de uso crítico, entre ellos fentanilo y bromuro de vecuronio, anestésicos de uso exclusivo en cuidados intensivos.
La detención se concretó tras cuatro allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional: tres en Rosario y uno en Villa Gobernador Gálvez. En el domicilio del trabajador de salud, así como en el propio centro asistencial de calle Olivé al 1100, se secuestraron ampollas de fármacos controlados cuyo uso fuera del ámbito hospitalario está absolutamente prohibido.
El enfermero, de 42 años, trabaja en el PAMI desde 2014 y será imputado el próximo viernes ante el juez federal Román Lanzón, por pedido del Ministerio Público Fiscal. La causa está en manos del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, con intervención de la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) y la UFI-PAMI.
Según fuentes judiciales, el acusado habría facilitado ampollas de fentanilo a un joven con consumo problemático, quien falleció en agosto de 2023 en Rosario. Es el primer caso en la ciudad en que la justicia detecta el uso de fentanilo de forma recreativa, una situación con graves precedentes en países como Estados Unidos.
El caso destapó una red de comercialización clandestina y extremadamente riesgosa, con productos que pueden ser letales fuera del entorno médico. Desde la fiscalía advirtieron sobre la gravedad de este fenómeno y destacaron la labor coordinada de los equipos de investigación.
Este caso marca un precedente alarmante: la fuga de medicamentos críticos desde el sistema de salud público hacia el mercado ilegal. La Justicia Federal avanza en una investigación que, más allá de la responsabilidad individual, expone los riesgos de control en el manejo de sustancias de alta peligrosidad.
