Detenciones, muertes evitables y un sistema en la mira
Una investigación judicial sin precedentes avanza sobre laboratorios y organismos de control, tras la distribución de fentanilo contaminado que habría causado múltiples infecciones y fallecimientos en hospitales. La Justicia Federal de La Plata investiga un caso que sacude a la industria farmacéutica argentina: la distribución de dos lotes de fentanilo contaminado con bacterias mortales. Lo que comenzó con un brote de infecciones intrahospitalarias reportado por el Hospital Italiano de La Plata terminó destapando una red de negligencia, irregularidades y presunto desvío de drogas al mercado ilegal.
Los lotes 31.202 y 31.244, producidos por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializados por HLB Pharma, fueron retirados del mercado tras comprobarse su contaminación con bacterias Klebsiella y Ralstonia. El Instituto Malbrán confirmó que los microorganismos hallados en las ampollas coincidían genéticamente con los de los pacientes afectados. Hasta el momento, hay víctimas fallecidas y un número aún no determinado de personas afectadas.
La fiscal federal María Laura Roteta, junto a Diego Iglesias (PROCUNAR), impulsaron la detención e indagatoria de diez responsables técnicos y directivos de ambas firmas. Entre ellos, se encuentran Víctor Boccaccio, detenido en Rosario, y Javier Tchukran, director general. La investigación también analiza el rol de los organismos de control que habrían omitido acciones preventivas clave.
El dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) menciona posibles casos de negligencia o complicidad por parte del Estado, tras revisar más de 270 expedientes. Además del impacto sanitario, se investiga el posible desvío de fentanilo al mercado negro, una línea que abre interrogantes aún más alarmantes.
Este no es solo un caso de fallas técnicas: es un espejo que refleja las consecuencias mortales de la falta de control en un sistema que debería proteger la salud pública. Las respuestas judiciales ya están en marcha, pero las víctimas y sus familias merecen justicia plena, no solo sanciones administrativas.
