A una semana de que una familia fuera echada a los tiros de su casa de zona sur, el fiscal Mariano Ríos Artacho imputó a una mujer apodada Pelada y a su pareja, un joven apodado Chuky, como autores de los delitos de usurpación, abuso de armas y amenazas. La investigación señala que ambos eran parte de los cinco atacantes. Por lo pronto, quedarán presos en forma preventiva por cuatro meses. La usurpación fue el 4 de enero de 2022, aproximadamente a las 21.30, cuando Roberto, Verónica y sus hijos menores estaban llegando a su casa de Vuelta de Obligado al 4900
Según la imputación del fiscal, Chuky y la Pelada –y otros tres cómplices todavía prófugos– portando armas de fuego intentaron ingresar al domicilio al grito de “te vamos a matar a vos y a tu marido, dejá la casa. Te vamos a matar a vos y a todas tu familia”.
El grupo de maleantes le dijo a Verónica “que le iban a usurpar la casa, que le abra, porque si no le abría la iban a matar a ella y a sus hijos ahí adentro”, pero la mujer pudo cerrar las puertas.
El asedio a la familia siguió rato después. Y esta vez los usurpadores lograron su cometido luego de balear la vivienda. En ese momento no hubo respuesta policial más que para escoltar a las víctimas a un lugar más seguro, se desprende la acusación del fiscal Ríos Artacho.
Una vez dentro, el grupo saqueó todas las pertenencias, cambió la cerradura y metió candado a la puerta de ingreso “a los fines de que las víctimas no pudieran ingresar más”.
El 8 de enero de 2022 a las 9 personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aprehendió en Juan Canals al 2600 a Javier Leandro “Chuky” R., de 24 años, y a María Belén “Pelada” S., de 31, y les secuestró cinco municiones intactas de calibre 22.
La imputación sobre la dupla fue por abuso de arma, amenazas coactivas calificadas –por el uso de armas y a los fines de compeler a la víctima a hacer abandono de su lugar de residencia habitual– y usurpación.
La defensa se opuso a la petición de la Fiscalía; y solicitó la libertad ofreciendo una fianza de 10 mil pesos. Y, subsidiariamente, la prisión domiciliaria para la mujer.
La jueza Silvia Castelli resolvió en línea con lo solicitado por la Fiscalía e impuso 4 meses de prisión preventiva para la pareja.
Pero la jueza también requirió a la defensa una copia de las partidas de nacimiento y de DNI de los hijos menores a cargo de la María Belén, y ordenó que la comisaría con jurisdicción lleve a cabo un informe socio ambiental en el domicilio de Juan Canals al 2600 sobre quiénes habitan en el lugar, bajo qué condiciones de habitabilidad, y si la vivienda es propia o alquilada y el vínculo existente que sus ocupantes detentan entre sí, con relación a María Belén S. y en especial a los menores que allí viven.
También solicitó al Programa de vigilancia electrónica un informe sobre la viabilidad de una tobillera electrónica para esta mujer, y que se le dé intervención a la Dirección de Niñez y Adolescencia.
