Fue tras un procedimiento llevado adelante en Granadero Baigorria
La Policía de Investigaciones desbarató una presunta red de préstamos usurarios. La pareja implicada habría hostigado a una víctima con mensajes intimidatorios para exigirle el pago de una deuda multiplicada.
Una pareja fue detenida este martes por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), acusada de cometer amenazas y extorsiones en la localidad de Granadero Baigorria. El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Eva Perón al 700, bajo la intervención del fiscal Alejandro Caron, de la Unidad de Investigación y Juicio Nº 1 de Rosario.
La causa se originó a raíz de la denuncia de una mujer que aseguró haber solicitado un préstamo informal de $300.000 a un hombre de 39 años. Según su testimonio, al no poder cumplir con las últimas cuotas, el acusado habría elevado el monto adeudado hasta superar $1.500.000, iniciando una serie de amenazas y hostigamientos, incluso hacia la nueva inquilina del domicilio de la denunciante, mediante mensajes de Whatsapp.
Con el avance de la investigación, agentes de la PDI realizaron relevamientos de campo, entrevistas y análisis de comunicaciones, logrando identificar al sospechoso y a su pareja, una mujer de 28 años, quienes presuntamente ofrecían préstamos con intereses abusivos. Ambos operaban desde su vivienda, donde se habría montado una suerte de “oficina” de cobros y registros.
Durante el allanamiento ordenado por la Justicia, los investigadores secuestraron $5.300.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y dos libretas con anotaciones que podrían contener datos de otras víctimas o movimientos financieros.
Los detenidos fueron trasladados a la sede de la PDI y quedaron a disposición de la Justicia. Las autoridades no descartan que existan más damnificados, por lo que instan a posibles víctimas a acercarse a la fiscalía o dependencias policiales para aportar información.
La detención de la pareja representa un paso importante en la lucha contra las redes de usura y extorsión que operan en la región. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la coordinación entre la fiscalía y la PDI para frenar este tipo de delitos que afectan a vecinos en situación económica vulnerable.
