Rescataron a una mujer víctima de servidumbre

Una mujer de 36 años fue rescatada tras pasar 22 años en condiciones de servidumbre en el barrio Martín. La intervención de la Defensoría del Pueblo, junto a la Justicia y organismos provinciales, permitió visibilizar un caso extremo de vulneración de derechos.

En el corazón de Rosario, en una vivienda ubicada en la zona de Montevideo y Chacabuco, una mujer vivió durante 22 años bajo condiciones de explotación laboral y reducción a la servidumbre. El caso, estremecedor por la duración y el grado de vulnerabilidad de la víctima, fue detectado por un efector público de salud y derivado a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que articuló el operativo de rescate junto a la Fiscalía Federal de Delitos Complejos.

La mujer tenía apenas 14 años cuando fue traída desde la provincia de Corrientes. Desde entonces, no volvió a tener contacto con su familia de origen, ni recibió atención médica. Fue alojada en el domicilio de una familia rosarina donde se le asignaron tareas domésticas y el cuidado de una mujer mayor con Alzheimer, sin remuneración, contrato laboral ni derechos reconocidos. Hoy, con 36 años, y sin saber leer ni escribir, fue rescatada por un equipo interdisciplinario y alojada en un espacio seguro del Estado.

El operativo se concretó tras una intervención integral del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. La fiscalía federal, a cargo de la investigación, ordenó el allanamiento del domicilio en el que se encontraba la víctima. La mujer, en estado de profundo desconcierto, no comprendía del todo su condición: no se reconocía como víctima, ni sabía cuáles eran sus derechos.

Una consulta médica que encendió la alarma

El caso salió a la luz de forma casi fortuita. La mujer se presentó en un efector público de salud por una consulta clínica. Según informaron desde la Defensoría, el personal médico detectó señales preocupantes y la derivó al área de Psicología. Allí, tras varios encuentros, la paciente relató episodios de abusos, aislamiento y condiciones laborales que alertaron sobre la posible comisión de delitos federales.

La médica tratante dio aviso al Centro de Asistencia a la Víctima, que activó de inmediato los protocolos correspondientes. Se solicitó un informe al hospital, se elevó la denuncia a la Fiscalía Federal y se conformó una mesa interinstitucional para abordar el caso sin revictimizar a la mujer.

Una víctima invisibilizada por años

El testimonio de la mujer revela una vida marcada por la precariedad y la negación de derechos básicos. Desde su llegada a Rosario a los 14 años, vivió y trabajó en el mismo hogar, sin escolarización, sin vínculos sociales, y sin acceder nunca a un control médico. Su única rutina era el cuidado de una mujer mayor y las tareas domésticas, a cambio de comida y un techo.

Aunque no estaba físicamente encerrada, su vida transcurrió en un esquema de sometimiento absoluto: “Cuando me enfermaba, no me enfermaba”, respondió cuando se le preguntó sobre su salud en estos años. Esa frase, cargada de resignación, sintetiza el nivel de anulación subjetiva que padeció durante más de dos décadas.

Desde la Defensoría subrayan que estos casos suelen generar una dependencia emocional con el grupo conviviente, lo que dificulta aún más el reconocimiento del abuso. La mujer no consideraba que su situación fuera irregular. Según explicó María Laura Pasquero, del CAV, “está muy desorientada, con un daño psíquico severo. No sabe dónde está ni qué le espera”.

La intervención judicial y el inicio de la investigación

La causa está en manos de la Fiscalía Federal de Delitos Complejos, que ya tomó las primeras declaraciones e inició la recolección de pruebas. Se investiga la figura penal de reducción a la servidumbre (artículo 140 del Código Penal) y trata de personas con fines de explotación laboral (artículo 145 bis). Ambas contemplan penas de entre 4 y 15 años de prisión.

Por ahora, no hay personas detenidas. La mujer que residía en la casa y a quien la víctima cuidaba padece Alzheimer y se encuentra bajo resguardo familiar. Uno de sus hijos, residente en Pueblo Esther, fue allanado aunque no fue vinculado formalmente al caso. Otros cuatro hijos viven en el exterior, y aún se investiga si conocían la situación.

Desde la fiscalía no descartan nuevas imputaciones a medida que se reconstruya el historial de la vivienda y el rol que cada miembro de la familia tuvo en el mantenimiento de esta situación de sometimiento.

Un abordaje estatal que devuelve derechos

La mujer fue resguardada en un espacio protegido del Estado. Se encuentra acompañada por psicólogas, trabajadoras sociales y equipos especializados que intentan facilitar un proceso de reparación y re-vinculación con su identidad. La prioridad, explicaron desde la Defensoría, es que se sienta segura, escuchada y comprendida.

“Estos casos nos conmueven y nos interpelan como sociedad. No es solo un delito penal, es una violación prolongada de derechos humanos básicos. Es nuestra responsabilidad como Estado acompañar, sostener y garantizar que nunca más vuelva a suceder”, enfatizó Pasquero.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio Público Fiscal remarcaron la importancia de denunciar este tipo de situaciones, incluso cuando no haya pruebas contundentes: “Las víctimas muchas veces no pueden pedir ayuda por sí solas. Necesitan que alguien las vea”.

El caso de esta mujer no ocurrió en un lugar alejado o marginal. Fue en una zona céntrica de Rosario, en una vivienda común, con vecinos que probablemente no sabían lo que pasaba puertas adentro. Este hecho no solo expone la crudeza de los delitos de servidumbre y trata, sino también el largo camino de silencios, omisiones y naturalizaciones sociales que los hacen posibles.

El rescate de la víctima es apenas el comienzo de una reconstrucción vital. Una vida que, durante 22 años, fue negada, silenciada y explotada. Ahora, es tarea del Estado —y de la comunidad— garantizarle no solo justicia, sino también un futuro digno.