Condenan a integrantes de red criminal que operaba desde la cárcel de Pérez
Una organización delictiva liderada por presos desde la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez fue desarticulada. Extorsionaban a sus víctimas a través de engaños telefónicos y amenazas, incluso con ataques armados. Este martes, el Juez de Primera Instancia Nicolás Vico Gimena homologó un procedimiento abreviado que marcó el cierre de una investigación compleja y preocupante: una red de extorsiones telefónicas operada desde dentro de una prisión fue finalmente desarticulada.
Los condenados principales son Juan Scataglini y David Olivera, quienes cumplían penas en la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez y desde allí lideraban una organización ilícita dedicada a cometer múltiples hechos de extorsión, en su mayoría bajo amenazas de escraches o denuncias falsas por abuso de menores.
Scataglini fue condenado a una pena única de 16 años y 5 meses, mientras que Olivera recibió una pena de 14 años y 6 meses, ambos por ser coautores de varios hechos de extorsión consumada y tentativa, asociación ilícita, y en el caso de Olivera, también por extorsión agravada por uso de arma de fuego.
Las maniobras delictivas se iniciaban con perfiles falsos en redes sociales, especialmente Facebook, donde se contactaban con víctimas fingiendo ser mujeres jóvenes. Luego, otros integrantes de la red —haciéndose pasar por padres furiosos— exigían dinero para evitar denuncias penales o la divulgación de supuestas conversaciones indebidas. Los montos exigidos variaban, pero la mecánica era siempre similar: presión, intimidación, amenazas… y en algunos casos, ataques reales con armas de fuego.
El caso más grave se registró en julio de 2022, cuando una víctima recibió 15 disparos contra su comercio tras negarse a pagar una suma extorsiva. El temor lo llevó a cerrar su negocio durante días. Finalmente accedió a entregar $80.000, lo que permitió a la Fiscalía identificar la cadena de responsabilidades.
Lo más alarmante: toda la operatoria se ejecutaba desde el interior del Pabellón Nº 2, con celulares y logística compartida entre los detenidos, algunos de los cuales ya contaban con antecedentes similares. La participación de parejas y allegados en el exterior, quienes facilitaban cuentas bancarias y retiros de dinero, completaba la organización.
En la causa también resultaron implicadas otras personas, como Juan Di Franco, ya condenado a 18 años de prisión por hechos vinculados, y diversas mujeres que prestaban sus cuentas bancarias o realizaban transferencias bajo instrucciones de los internos.
El fallo sienta un precedente clave en la lucha contra el crimen organizado que se disfraza tras las rejas. La sofisticación y crueldad de estas maniobras no sólo evidencian fallas estructurales en el sistema penitenciario, sino también la necesidad urgente de mayor control sobre el uso de dispositivos electrónicos en cárceles. Que estos hechos se hayan desarrollado durante más de un año desde una prisión debería ser una alarma para el sistema de justicia y seguridad.
