Descubren abusos en la Tarifa Social de la EPE

Más de 15 mil usuarios fueron dados de baja por la Empresa Provincial de la Energía tras detectarse consumos irregulares, fraudes y desvío del beneficio en barrios de alto poder adquisitivo.

La Tarifa Social, una herramienta diseñada para garantizar el acceso a la energía eléctrica a hogares vulnerables, se convirtió para algunos en un mecanismo de abuso. Así lo reveló una investigación encabezada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en coordinación con los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía de la provincia.

Tras un cruce de datos e inspecciones, dieron de baja a más de 15.000 usuarios del beneficio por detectar irregularidades tan evidentes como inmorales. Se hallaron conexiones vinculadas a personas fallecidas, domicilios en barrios de alto valor inmobiliario, propiedades en alquiler, locales comerciales e incluso titulares registrados ante ARCA como responsables inscriptos, es decir, contribuyentes que tributan como empresas.

Uno de los casos más llamativos se registró en Funes: un usuario pagó $17.584 por una factura total de $720.000, gracias al subsidio del Estado que cubrió más del 97% del importe. Otro, en un barrio privado, recibió un subsidio estatal de $448.820 tras consumir más de 6.000 kW, cuando el promedio de un hogar ronda los 800 kW bimestrales.

Este tipo de prácticas no solo socavan la intención original del programa, sino que además implican una injusticia social: cada peso mal destinado es un recurso que no llega a quien realmente lo necesita.

La EPE ha encendido las alertas. En los próximos días intensificará los controles para que la Tarifa Social llegue a quienes corresponde. No se trata de castigar, sino de ordenar. Porque la solidaridad, para ser justa, no puede ser desmedida ni abusiva.