CM tiene 29 años, es estudiante de medicina y empleado en un estudio jurídico. A comienzos de abril de 2021 tomó la decisión de denunciar a prestamistas que –aseguró– operan en el límite de los barrios Tablada y Las Heras, en la zona de Ayacucho y Uriburu. Sintió el deber de alertar a la Justicia, sobre todo, porque un amigo había pedido 30 mil pesos y le exigieron devolver 90 mil. En calidad de testigo reservado, aportó nombres y el número de teléfono de un sospechoso de la práctica usuraria que, según sostiene, hace estragos en ese sector de zona sur. A mediados de julio comenzó la pesadilla de CM, que se extiende hasta estos días.

Con la denuncia formal en mano, CM aseguró a Rosario Alerta que su nombre –que debía mantenerse en reserva– se filtró desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y llegó a los denunciados, es decir a la banda de prestamistas.

CM asegura que entonces sufrió amenazas telefónicas y hasta un apriete cerca de su lugar de trabajo. Y por ello hizo una nueva denuncia, esta vez con él como víctima, por amenazas. Pero pese a haber aportado filmaciones, nadie fue siquiera detenido. Hoy hay días en que CM está desesperado, y aunque solicitó medidas de protección, estas más que protegerlo le complican la vida, sostiene.

“El 20 de julio sufrí amenazas en mi lugar de trabajo por personas que había denunciado por usura, la Justicia Provincial derivó la causa al Federal, pero me otorgaron como testigo protegido una medida de protección que jamás vi”, cuenta a Rosario Alerta.

CM aseguró que ese día cuando estaba en una galería céntrica de calle Pellegrini junto con su pequeño hijo fue “visitado” por Alan C. y Leonardo S., a quienes había denunciado; la dupla tenía un arma de fuego y le pidió amenazándolo que levantara la denuncia.

Un día antes se habían contactado por teléfono. “Inmediatamente noté el tono violento y el maltrato, me decía que no sabía quién era ni con quién me metía, que la corte, que no me meta con su familia, que lo iba a intentar por las buenas primero. Ahí fue cuando me di cuenta de que era Alan. Realmente me quedé preocupado, porque tenía a mi hijo viviendo conmigo gran parte de la semana y jamás pensé que no se iba a resguardar mi identidad luego de haber hecho una denuncia de delincuencia organizada. Si no, no lo hubiera hecho. Esta persona sabía todos mis datos, domicilio, donde voy siempre, que tengo un hijo”, dijo, citando la denuncia que hizo.

Eso no fue todo: “Desde que denuncié a esas personas atentaron una vez contra el edificio de calle Callao rompiendo vidrios y me intentaron robar la moto dos veces, hasta que en una tercera ocasión lograron robar dos motos”.

“No veo a mi familia, a mi hijo; ya no tengo más nada que perder”

Esos episodios lo motivaron a solicitar una custodia cuyas disposiciones, asegura, cumple a rajatabla. Pero quienes deben protegerlo se limitan a llamarlo una vez cada 60 días para preguntarle cómo está.

“Me ponen medidas de protección que no me sirven. Me las van renovando cada 30 días y no las veo; son esporádicas. El lunes (por el 20 de septiembre) le voy a pedir al fiscal que me saque esas medidas porque estoy a punto de perder el trabajo porque allí no me van a dar lugar hasta que no solucione este tema. Me fueron a buscar a la puerta del trabajo; una inmobiliaria aportó las cámaras y la fiscalía dice que no tiene tiempo de evaluarlas. Sé que están llenos de trabajo, pero no puede ser. Yo no puedo salir cinco metros a la redonda que siempre me cruzo a alguien”.

“Voy a solicitar la medida de levantamiento y anoticiar que si me pasa algo es exclusiva culpa del Poder Judicial Provincial, ya que no avanza en realizar la aprehensión de quienes me amenazaron; tienen las cámaras, los mensajes las llamadas y todo”, adelanta el joven, y sostiene: “Sólo otorgan seguridad al ciento por ciento en el Centro de Justicia Penal, pero a los ciudadanos que aportamos nuestra identidad y nos exponemos para ayudar a los fiscales con nuestra información nos olvidan”.

“No quiero terminar como Norma Bustos”, dijo CM, en referencia a la mujer asesinada en su kiosco de Pavón al 4600 en 2013 tras denunciar a la banda que asesinó a su hijo Lucas Spina.