Cómo se tejieron extorsiones y amenazas en Villa Gobernador Gálvez y Carcarañá

Una compleja red de extorsiones, amenazas y comercio de drogas fue desarticulada por la Justicia. El accionar fue planificado desde la Unidad Penal 11 de Piñero y ejecutado con apoyo de personas en libertad. La investigación busca frenar una escalada de violencia organizada. Catorce personas fueron imputadas por planificar desde la cárcel y ejecutar desde la calle delitos que incluyeron amenazas con armas, ataques a tiros y comercio de drogas. La investigación reveló el rol clave de parejas y familiares.

Este viernes se formalizó una grave imputación contra 14 personas –algunas en prisión, otras en libertad– por su presunta participación en una red criminal dedicada a extorsionar comerciantes, amenazar con armas de fuego y traficar estupefacientes desde la cárcel de Piñero hacia distintas localidades santafesinas como Villa Gobernador Gálvez, Fray Luis Beltrán y Carcarañá.

Según expuso el fiscal, la organización operaba desde el pabellón 14 de la Unidad Penal Nº 11, utilizando celulares. Los reclusos habrían ordenado acciones intimidatorias a través de mensajes de Whatsapp, mientras que familiares y parejas en libertad se encargaban de recaudar el dinero exigido, realizar transferencias bancarias y participar en la logística de los delitos.

Los hechos investigados incluyen al menos cuatro maniobras extorsivas ocurridas entre enero y marzo de este año. El caso más alarmante ocurrió el 9 de enero de 2025, cuando un comercio de alimentos en Villa Gobernador Gálvez fue baleado luego de que su dueño se negara a pagar entre tres y cinco millones de pesos exigidos por supuestos “servicios de protección”.

Otro episodio ocurrió en Carcarañá los días 21 y 22 de enero, cuando las víctimas recibieron primero un sobre con un cartucho y una nota amenazante, y al día siguiente, un arreglo floral fúnebre con mensajes intimidantes. Las contrataciones se hicieron desde líneas telefónicas vinculadas a los imputados, quienes también transfirieron dinero para abonar los servicios.

Los imputados con prisión preventiva efectiva son: Lucas Ezequiel Robay, Sebastián Ariel Lescano, José Alberto Ramón Lescano, Eduardo Fabián Gómez, Diego Axel Arroyo, Alejo Damián González, Alex Rojas, Juan Cruz Pereira. Entre los imputados en libertad –algunas con prisión domiciliaria–; Yamila Martínez, por amenazas calificadas. Milagros Belén Toledo, por extorsión agravada con arma de fuego. Mora Jazmín Chena, por extorsión consumada. Rocío Ayelén Cappello, por participación secundaria en narcotráfico. Lucila Belén Barrios y Ludmila Nerea Barrios, por comercio de estupefacientes en calidad de coautoras.

La fiscalía también atribuyó a Eduardo Fabián Gómez la jefatura de una red de microtráfico de drogas desde Fray Luis Beltrán, con apoyo de Lucila y Ludmila Barrios como administradoras extramuros. Rocío Ayelén Cappello habría cumplido tareas de distribución y recaudación.

Las amenazas, las balaceras y los depósitos bancarios forman parte de una estrategia meticulosa que, de acuerdo al fiscal, buscaba imponer el miedo como herramienta para obtener dinero. Las víctimas, en su mayoría comerciantes, fueron elegidas por su actividad económica.

Lo ocurrido pone en evidencia un fenómeno creciente: la organización de delitos complejos desde cárceles, con redes que operan dentro y fuera del sistema penitenciario. La investigación liderada por el fiscal y el Equipo de Hechos con Armas marca un paso importante para desarticular estas estructuras, aunque el desafío mayor sigue siendo evitar que los muros de una prisión no sean fronteras para el crimen.