Son 17 las personas implicadas entre uniformados y civiles
Una investigación judicial sacudió a la Unidad Regional II de Rosario con la imputación de 17 personas, entre policías de alto rango y civiles, acusadas de haber participado en un esquema sistemático de sustracción de fondos públicos. Los caudales, destinados al abastecimiento de combustible para móviles policiales, habrían sido desviados mediante sobrefacturación y facturación de cargas inexistentes, con un perjuicio mensual estimado en más de 45 millones de pesos.
Este martes 13, comenzó una audiencia imputativa que continuará mañana, desde las 14.30, la Fiscalía, a cargo del Dr. José Luis Caterina, imputó a 13 policías y 4 civiles por su presunta participación en una red delictiva que operaba entre dependencias policiales y la empresa “Gas Auto Tiferno S.A.”, proveedora de combustibles de la marca Puma Energy.
El foco de la investigación gira en torno al uso indebido de las tarjetas “Visa Flota”, que según protocolo oficial debían permanecer en cada móvil policial. En cambio, eran concentradas por ciertos funcionarios y utilizadas para generar facturación fraudulenta: sobrefacturando cargas reales o inventando cargas inexistentes.
El Comisario Supervisor Gerardo Fabián Ramírez, jefe de Garage Oficial, aparece como figura clave. Recibía mensualmente millones de pesos en partidas destinadas a combustible, que eran redirigidas, al menos en parte, a la firma Tiferno mediante mecanismos irregulares. Su vínculo con Rodrigo Sebastián Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la UR II, era fluido y frecuente. La Fiscalía asegura que ambos mantenían contactos periódicos y que Domínguez ejercía presión para asegurar la continuidad del circuito de corrupción.
Otros imputados como Juan Alberto Villordo (Motorizada) y Sergio Darío López (Comando Radioeléctrico), fueron sorprendidos facturando con cientos de tarjetas flota desde sus domicilios personales. Nancy Plomer, sin funciones relacionadas con el combustible, también está implicada: se le atribuye colaboración logística desde su casa y se habría beneficiado por su relación sentimental con López.
Entre los civiles involucrados figuran Mónica Juana Bianconi, presidenta de Tiferno; Oscar Artemio Coullery, co-propietario; Daniel Alberto Reynoso, encargado operativo y María Fernanda De Franco, empleada administrativa. Ellos habrían coordinado el pago de sobornos en sobres y cajas, entregados directamente a los funcionarios policiales en la estación de servicio de Ovidio Lagos al 3900 o en oficinas públicas.
El circuito de corrupción no solo drenó recursos públicos, sino que desvirtuó el sistema de abastecimiento y control del combustible policial. Según la acusación, los efectivos responsables omitieron sus deberes para obtener un beneficio económico a cambio de mantener la operatoria. Documentación secuestrada, grabaciones telefónicas y observaciones en cámaras de seguridad constituyen parte del cuerpo probatorio.
El impacto es multimillonario: se estima que el desfalco mensual ascendía a más de 45 millones de pesos, afectando directamente la capacidad operativa de la policía y desviando fondos estatales hacia bolsillos privados.
Este caso evidencia un entramado de corrupción institucional que involucra desde comisarios supervisores hasta personal administrativo civil. El uso sistemático de mecanismos fraudulentos para apropiarse de recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana representa un golpe a la confianza social en las instituciones. La continuidad de las audiencias y el avance de la investigación serán claves para determinar responsabilidades individuales y reparar el daño causado al Estado santafesino.
