Varios policías y civiles serán imputados por robar combustible
Una investigación de casi un año reveló un entramado de corrupción en la Policía de Rosario. Más de 20 personas —entre agentes y civiles— fueron detenidas por sustraer combustible destinado a patrulleros.
Lo que comenzó como una sospecha aislada terminó destapando una red sistemática de desvío de recursos públicos. Este lunes, se realizaron 36 allanamientos simultáneos en Rosario y localidades cercanas como Funes, Pérez, Alvear y Villa Gobernador Gálvez. Los procedimientos fueron llevados a cabo por la Agencia de Control Policial, bajo la coordinación de la Fiscalía Regional Rosario y el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
Los lugares intervenidos incluyeron oficinas clave de la Unidad Regional II de la Policía, entre ellas logística, garage, comando radioeléctrico, caballería y motorizada. Además, se allanaron domicilios particulares, donde también se secuestraron celulares, dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa. En la División Logística del Departamento Operativo de la Región II de Rosario de la Policía de Investigaciones, ubicada en calle Lamadrid al 500 de Rosario; como así también en Sede de la Brigada de Orden Urbano, de San Luis al 3200; Sección Caballería y Perros ubicada en Calle 1209 y Francia de Rosario.
Paralelamente se realizaron allanamientos en domicilios particulares de zonas de calle Chaparro al 900, Alsina al 3600, Bolivia al 1100, Carranza al 1200, Ameghino al 1500, Pasco al 400, Corrientes al 2400 (2 viviendas), Gaboto al 1800 y Ovidio Lagos al 3900, todos ubicados en la ciudad de Rosario. Los procedimientos también se llevaron adelante en zona de Calle 2 al 4500 y Curupay al 2200, de la localidad de Funes. En la localidad de Alvear en calle La Yerra al 6500 y Jacarandá al 6300, en calle Caseros al 1800, Tartagal al 3200, Alvear al 1600, todos de la localidad de Villa Gobernador Gálvez.
Además se realizaron procedimientos en zona de calle El Plumerillo al 2500 de Pueblo Esther, en Calle 2 al 100 de la localidad de Pérez y en zona de calle Picazzo entre Boyero y Pirincha de la localidad de Monte Flores de Álvarez.
Hasta el momento, hay 20 personas detenidas, entre ellas varios jefes policiales. Todos serán llevados a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El escándalo motivó la intervención inmediata de la Unidad Regional II y el apartamiento de Claudio Acosta, el Ejecutivo designó como interventor al director general retirado Claudio Romano, quien vuelve al servicio activo con plenos poderes y bajo supervisión directa del Ministerio.
Además, se ordenó una auditoría integral con énfasis en los controles de carga de combustible. Numerosos jefes y agentes fueron puestos en disponibilidad, una medida preventiva mientras avanza la causa judicial.
El desvío de combustible destinado a la seguridad pública no solo es un delito económico: es una traición a la confianza de la ciudadanía. Mientras algunos policías arriesgan la vida en las calles, otros aprovecharon su posición para enriquecerse. La intervención y las imputaciones marcan un paso importante hacia la depuración institucional. El mensaje es claro: no hay lugar para la impunidad, ni siquiera bajo uniforme.
