La Justicia dictó prisión preventiva hasta mayo de 2027 para todos los acusados

La Justicia de Rosario imputó a 17 malhechores por su presunta participación en una asociación ilícita que, según la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), estaba dedicada al narcomenudeo y a la comisión de distintos hechos violentos. Las audiencias se realizaron el viernes 4 y continuaron el miércoles 9 de septiembre en la Sala 8 del Centro de Justicia Penal de Rosario. El juez Hernán Postma dispuso para todos prisión preventiva efectiva hasta el 4 de mayo de 2027.

La investigación está a cargo de las fiscales Mercedes Banchio, Marisol Fabbro y Marina Vigo y del fiscal Diego Giro. La acusación ubica el funcionamiento de la estructura, al menos desde enero de 2024, en los barrios Empalme Graneros, Ludueña e Industrial.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la estructura tenía una organización interna con distintos niveles de responsabilidad. Francisco Ezequiel Riquelme fue señalado como jefe y Ezequiel Ricardo Riquelme como organizador.

La Fiscalía sostuvo que Francisco Riquelme continuaba impartiendo órdenes desde la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz. Su hijo Ezequiel habría funcionado como principal enlace operativo en Rosario y, además, habría administrado la recaudación y definido cobros y pagos.

El resto de los imputados habría cumplido diferentes funciones vinculadas con la administración del dinero, el control de los puntos de venta, la provisión de droga, la supervisión de personas encargadas de la comercialización y la ejecución de ataques armados.

La acusación sostiene que la actividad principal era la comercialización de estupefacientes al menudeo, mediante puntos fijos y otros lugares de venta en la zona noroeste de Rosario.

Entre los integrantes señalados aparecen Nicolás Gabriel Gramonte, Pablo Emanuel Monzón, Maximiliano García y Juan Cruz García, a quienes la Fiscalía atribuye distintos niveles de control sobre puntos de venta.

A Kevin Sebastián Escobar le atribuyen tareas de custodia, control y rendición de cuentas, además de ataques contra personas y viviendas. Víctor Gabriel Sandoval habría participado en la venta directa de estupefacientes y en la supervisión territorial de los denominados “soldaditos”.

Chiara Riquelme fue señalada por el control de puntos de venta mediante cámaras de seguridad y grupos de Whatsapp utilizados, según la acusación, para advertir sobre movimientos policiales. Irina Boassi habría intervenido en la administración y fiscalización del dinero obtenido de las ventas.

La Fiscalía también atribuyó funciones específicas a Priscila Quimey González, Alan Joel González, Yair Diego Demarchi, Luciano Javier García, Xavier Said Gallardo y Andrés Raúl Acosta.

En el caso de Martín Fabio Castillo, abogado de Francisco Riquelme, la acusación sostiene que habría utilizado su actividad profesional para facilitar comunicaciones entre el detenido y personas del exterior. Fue detenido el 31 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires.

Tomás C. también fue imputado como integrante de la asociación ilícita y, según la acusación, se lo vincula con ataques armados contra personas y viviendas y con los homicidios de Meza y Sosa.

Además del comercio de drogas, los fiscales sostienen que la organización habría recurrido a amenazas, abuso y portación ilegal de armas, homicidios y otros hechos violentos para consolidar su presencia territorial.

La hipótesis presentada ante el juez es que esos hechos permitían sostener relaciones de poder, controlar determinados sectores y generar las condiciones para mantener los puntos de venta.

También se investigan presuntas usurpaciones y la obtención de dinero o bienes mediante amenazas.

La Fiscalía remarcó que la organización habría actuado con un acuerdo estable entre sus integrantes y con una división de tareas destinada a garantizar la continuidad de las actividades ilícitas.

Una estructura que, según la Fiscalía, continuó desde prisión

Uno de los aspectos centrales de la acusación es el supuesto funcionamiento de la estructura pese a que su principal referente estaba detenido.

Según los fiscales, Francisco Ezequiel Riquelme habría continuado impartiendo directivas desde Marcos Paz, mientras que Ezequiel Ricardo Riquelme habría transmitido esas instrucciones y coordinado la actividad en el territorio.

La Fiscalía también sostuvo que las comunicaciones se realizaban mediante visitas, mensajes y triangulación de llamadas telefónicas. Tras las dos jornadas de audiencia, el juez de Primera Instancia Hernán Postma tuvo por formalizadas las imputaciones y resolvió que los 17 acusados permanezcan con prisión preventiva efectiva hasta el 4 de mayo de 2027.

Las imputaciones describen una estructura que, según la acusación, habría combinado el negocio del narcomenudeo con violencia, control territorial y una organización interna con funciones diferenciadas