La jueza Trinidad Chiabrera dictó prisión preventiva por 90 días para el ex fiscal Mariano Ríos Artacho y otros cuatro acusados

Después de tres jornadas de debate, la Justicia resolvió que cinco de los nueve imputados por el presunto desvío de fondos judiciales continuarán detenidos. La jueza Trinidad Chiabrera dictó prisión preventiva por 90 días para quienes la Fiscalía ubica como el supuesto jefe y los organizadores de la estructura. Entre ellos se encuentra el ex fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Mariano Ríos Artacho, también el abogado penalista Emilio Rubén Barcacia y otras persona, en tanto ayer cuatro de los imputados recuperaron la libertad.

La resolución se conoció luego de una audiencia en la que la Fiscalía expuso durante tres días la investigación sobre el manejo de dinero depositado en cuentas judiciales del Banco Municipal.

El fiscal Adrián Spelta, responsable de la pesquisa, explicó que la investigación analiza el movimiento de fondos correspondientes a causas judiciales durante un período de siete años.

Según detalló, identificaron 348 cuentas judiciales y hasta el momento, fueron analizadas 48. De ese universo surgieron 12 causas en las que la Fiscalía detectó hechos que considera delictivos.

La hipótesis es que, mediante oficios firmados por el fiscal responsable de determinadas causas, fondos depositados como fianzas, reparaciones para víctimas o provenientes de procedimientos judiciales eran transferidos a personas que no tenían relación con los expedientes.

La Fiscalía actualizó el monto involucrado desde 2017 hasta la actualidad y lo estimó en 425 millones de pesos. Spelta señaló que parte de ese dinero fue restituido, pero que en nueve de las 12 causas analizadas no se produjo devolución.

El fiscal sostuvo que los documentos utilizados para ordenar las transferencias fueron centrales en la maniobra investigada. Según explicó, se detectaron 21 hechos vinculados con presuntas falsedades ideológicas de instrumentos públicos, que habrían servido para concretar las transferencias, además de 15 hechos que la acusación encuadra como fraude a la administración pública.

Spelta también indicó que existen otros casos que todavía deben ser analizados. “Esto es la punta del iceberg”, señaló al referirse a las investigaciones pendientes y anticipó que todavía quedan alrededor de 50 situaciones por evaluar.

Vranicich: “La corrupción es un objetivo priorizado”

La fiscal regional general, María Cecilia Vranicich, respaldó públicamente el trabajo realizado por el equipo investigador.

“La corrupción de los funcionarios públicos es un objetivo priorizado por el Ministerio Público de la Acusación, junto con las violencias altamente lesivas”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Vranicich destacó que la investigación comenzó a partir de un reporte interno realizado por la Unidad de Delitos Económicos y que llegó a los órganos de conducción del MPA por los canales institucionales.

También remarcó que el caso fue investigado en menos de tres meses y valoró especialmente el trabajo de la unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, que depende de la Fiscalía General y está a cargo de Espelta.

“Esto, lejos de debilitarnos, nos fortalece”, sostuvo.

Vranicich aclaró que la etapa actual es de probabilidad, por lo que las acusaciones todavía deberán ser discutidas durante el proceso judicial.

Spelta, por su parte, sostuvo que la pesquisa continúa y que podrían aparecer nuevos involucrados a partir del análisis de las causas restantes.

La jueza Chiabrera dispuso que cinco de los imputados permanezcan en prisión preventiva durante 90 días. Los otros cuatro, recuperaron la libertad mientras avanza la investigación