Ya derribaron 118 búnkeres durante la gestión Pullaro
El Gobierno de Santa Fe derribó este jueves dos nuevos búnkeres narco en barrio Gráfico, en la ciudad de Rosario, como parte de la política de inactivación de puestos de venta de drogas impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro. Los procedimientos se llevaron a cabo en Benteveo al 700 y Jacobacci al 9000, con intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA), fuerzas de seguridad y autoridades provinciales. Con estas acciones, ya son 118 los inmuebles demolidos desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico, a fines de 2023.
La primera intervención comenzó durante la mañana en la zona oeste de Rosario. Una hora más tarde, las máquinas avanzaron sobre un segundo inmueble señalado como punto de venta de estupefacientes.
Según indicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, los procedimientos forman parte de un esquema coordinado entre la Provincia, el MPA, la Justicia santafesina, fuerzas federales y gobiernos locales para desarticular estructuras vinculadas al narcomenudeo.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, afirmó que detrás de estos lugares “existe un entramado de delitos vinculados a la violencia, las usurpaciones y la degradación de barrios enteros”.
El fiscal Franco Carbone explicó que la causa involucra a una familia acusada de operar en barrio Gráfico mediante amenazas, extorsiones y venta de drogas al menudeo.
“Algunos integrantes están detenidos y otros permanecen prófugos con pedido de captura”, detalló el funcionario judicial.
Además, sostuvo que la organización utilizaba inmuebles usurpados para comercializar droga y luego revendía esas propiedades a personas de buena fe, recuperándolas después mediante intimidaciones.
Desde comienzos de 2024, Santa Fe mantiene un operativo sostenido para derribar búnkeres narco en Rosario y otras localidades de la provincia.
La estrategia se consolidó tras la aprobación de la Ley de Microtráfico, promovida por el gobernador Pullaro, que habilitó intervenciones más rápidas sobre inmuebles utilizados para actividades ilegales.
Pereira remarcó que antes “no existía una herramienta legal” para avanzar de esta manera y aseguró que los operativos continuarán en distintos puntos del territorio santafesino.
La investigación también vinculó a la organización con otros delitos registrados en el barrio. Según Carbone, uno de los homicidios ocurridos en abril se produjo a pocos metros de los inmuebles intervenidos este jueves.
Para la Justicia, la demolición de estos espacios busca cortar parte de la logística criminal y devolver seguridad a vecinos que convivían desde hace años con amenazas, balaceras y movimientos ligados al narcotráfico.
