La fiscal general del MPA reclamó que se respete el destino de los edificios previstos para el Ministerio Público
La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, cuestionó este jueves declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre el destino del nuevo Centro de Justicia Penal que se construye en la ciudad de Santa Fe. La funcionaria sostuvo que parte del edificio pertenece al MPA y al Ministerio Público de la Defensa y pidió a los ministros del tribunal que respeten lo establecido por la Constitución provincial.
Las declaraciones se realizaron este 12 de Marzo, luego del acto de apertura del año judicial, donde Vranicich respondió consultas de periodistas sobre el conflicto institucional en torno al uso de inmuebles destinados al sistema acusatorio.
El debate surgió tras manifestaciones del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, quien indicó que el edificio próximo a finalizar correspondería al Poder Judicial.
Vranicich afirmó que el MPA ya respondió formalmente a esa posición y que espera una respuesta de los siete ministros del tribunal. Según explicó, la Constitución provincial establece en una cláusula transitoria que los inmuebles ya asignados al Ministerio Público no pueden cambiar su destino sin su consentimiento.
“Nosotros solamente le pedimos a la Corte que cumpla con la nueva Constitución”, señaló la fiscal general al referirse al conflicto.
La titular del MPA sostuvo que el espacio destinado al organismo existe “desde la génesis” del proyecto del Centro de Justicia Penal. En ese sentido, aseguró que ya se habían iniciado procesos administrativos vinculados al uso de esas instalaciones.
Entre ellos mencionó una licitación abierta en 2024 para instalar redes de internet y electricidad en sectores que ocuparía el organismo, correspondientes al cuarto y quinto piso y al subsuelo del edificio.
Ese proceso, indicó, quedó suspendido cuando se detuvo la ejecución de la obra por motivos externos al Ministerio Público.
Durante el diálogo con la prensa, Vranicich comparó la relación institucional entre el Poder Judicial y el Ministerio Público con un “divorcio”, en referencia a la separación de funciones establecida por el sistema acusatorio.
La fiscal sostuvo que, pese a las diferencias, el MPA apuesta al diálogo con la Corte. Sin embargo, cuestionó que el tribunal haya tomado decisiones sobre el destino del edificio antes de abrir una instancia de negociación.
El debate también alcanza a otros edificios judiciales en la provincia. Vranicich mencionó, por ejemplo, el Centro de Justicia Penal que está próximo a inaugurarse en Casilda, cuyo destino también forma parte de las discusiones institucionales.
Según explicó, el MPA no firmará convenios que otorguen solo una “posesión precaria” del inmueble, ya que consideran que el espacio ya fue asignado al organismo.
La fiscal general señaló que el Ministerio Público mantiene abierta la vía de diálogo con la Corte provincial, aunque no descartó acudir a instancias superiores si no se alcanza un acuerdo.
“Estamos convencidos de que hay que defender la institucionalidad del Ministerio Público y el cumplimiento de la Constitución”, afirmó.
