Tras las indagatorias, el juez federal dispuso el secreto de sumario para preservar las medidas de prueba

La Justicia Federal ordenó el secreto de sumario en la investigación por presunto lavado de activos que tiene como principal imputado al empresario rosarino Leandro David “Lelo” Pérez de 53 años. La medida fue dispuesta luego de las indagatorias realizadas este viernes, en el marco de una causa que también involucra a su hijo Agustín Pérez, a su socio Marcelo Malatesta, al ex policía Maximiliano Novillo y al subinspector Emiliano Haro, quien aún no fue indagado.

La investigación está a cargo de los fiscales Matías Scilabra, de la Procunar y Juan Argibay Molina, de la Procelac, quienes sostienen que los imputados habrían montado una estructura destinada a otorgar apariencia de legalidad a un patrimonio que, según la hipótesis fiscal, sería incompatible con sus ingresos declarados.

La pesquisa pone bajo la lupa la utilización de sociedades comerciales, un fideicomiso constructor, la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama, además de otras operaciones financieras que habrían servido para canalizar fondos de presunto origen ilícito.

El expediente tramita en el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, bajo el antiguo sistema procesal penal. En ese marco, tras las declaraciones indagatorias, el magistrado cuenta con un plazo de diez días para resolver los planteos formulados por la Fiscalía.

El secreto de sumario implica que las medidas de prueba en desarrollo permanecerán reservadas mientras avanza la investigación, con el objetivo de preservar el éxito de las diligencias judiciales.

No es la primera vez que Pérez enfrenta una investigación penal. En febrero de 2023 fue condenado mediante un juicio abreviado a tres años de prisión por lavado de activos simple en una causa vinculada a una millonaria estafa inmobiliaria.

Según la hipótesis de los fiscales, las maniobras ahora investigadas habrían continuado incluso después de aquella condena. En ese contexto, se analiza el funcionamiento de empresas como Transporte Overland S.R.L., Palabra Santa S.R.L. y Araca Corazón S.R.L., que habrían sido utilizadas para incorporar bienes al circuito legal.

Además, la causa retoma líneas investigativas que desde hace años buscaban determinar presuntos vínculos financieros con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Sin embargo, las responsabilidades penales de cada uno de los imputados deberán definirse durante el proceso judicial y una eventual sentencia.

Por el momento, la causa permanece en etapa de instrucción y bajo reserva, mientras la Justicia Federal continúa reuniendo pruebas para determinar el alcance de las maniobras investigadas