La Provincia y el MPA concretaron un nuevo derribo en el marco de la Ley de Microtráfico
La provincia de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) concretaron este viernes el derribo de un nuevo punto de venta de drogas en Génova al 8400. Se trata del búnker número 79 inactivado en la ciudad desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico y del operativo número 135 en todo el territorio provincial. El inmueble formaba parte de una investigación iniciada hace aproximadamente un año por la Unidad Fiscal de Microtráfico, que ya permitió desarticular otros dos puntos de venta vinculados a la misma organización.
El procedimiento fue supervisado por la fiscal Brenda Debiasi y el secretario de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, quienes brindaron detalles sobre el avance de la causa y el estado de la investigación.
Según explicó la fiscal Debiasi, la pesquisa comenzó con la detección de un búnker en barrio Tío Rolo y luego se extendió hacia otros puntos de venta ubicados en la zona de Vicente Medina y Estela Maris.
Durante los distintos allanamientos realizados en el último año, los investigadores secuestraron armas de fuego, estupefacientes, dinero en efectivo, elementos utilizados para el fraccionamiento de droga y documentación de interés, además de dispositivos electrónicos que permitieron profundizar la investigación.
La funcionaria judicial indicó que la organización ya cuenta con seis personas imputadas y con prisión preventiva, mientras que dos integrantes fueron condenados. Además, continúan siendo buscados dos sospechosos que permanecen prófugos desde hace aproximadamente seis meses.
Debiasi agregó que la investigación se encuentra en una etapa avanzada y anticipó que próximamente presentarán la acusación formal contra los integrantes de la estructura criminal.
Por su parte, Federico Angelini sostuvo que la Ley de Microtráfico permitió ampliar el alcance de las investigaciones para avanzar sobre las organizaciones y no solamente sobre quienes comercializan estupefacientes en la vía pública.
El funcionario destacó que cada allanamiento aporta nuevos elementos de prueba, como teléfonos celulares, documentación y registros que permiten reconstruir el funcionamiento de las bandas y profundizar las causas judiciales.
Asimismo, remarcó que el Gobierno provincial considera esta herramienta una pieza central dentro del plan de seguridad impulsado para reducir los niveles de violencia en Rosario.
La balacera en Cagancha, bajo la lupa
Consultados por la balacera ocurrida durante la noche del jueves en Cagancha al 3300, donde cuatro integrantes de una misma familia resultaron heridos de arma de fuego, las autoridades señalaron que la investigación continúa en desarrollo.
La fiscal Debiasi indicó que las víctimas pertenecen al entorno familiar de una persona considerada un preso de alto perfil y señaló que el episodio es analizado dentro de una trama vinculada a organizaciones narcocriminales que operan en ese sector de la ciudad.
Angelini, en tanto, sostuvo que estos episodios suelen producirse en contextos de reacomodamiento entre estructuras delictivas tras el endurecimiento de las restricciones impuestas a internos considerados de alta peligrosidad. No obstante, remarcó que será la investigación judicial la que determine las responsabilidades y el móvil del ataque.
Mientras tanto, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer el hecho y avanzar sobre las organizaciones criminales involucradas.
