El gobernador de Santa Fe volvió a plantear que los delitos graves deben recibir penas acordes, sin que la edad sea el eje central del debate

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reiteró este miércoles su postura a favor de revisar la edad de imputabilidad en delitos graves cometidos por menores. Lo hizo en declaraciones públicas, en referencia al caso Jeremías Monzón, y sostuvo que la discusión debe centrarse en el tipo de delito y el dolo, y no únicamente en la edad del autor.

Pullaro afirmó que su posición no es reciente ni responde a un hecho puntual. Señaló que comenzó a plantear la baja de imputabilidad hace seis o siete años, cuando era ministro de Seguridad provincial, y que entonces enfrentó fuertes cuestionamientos.

“Me enfrenté con todo el sistema garantista judicial y político”, expresó, al remarcar que ya advertía dificultades para aislar a personas que cometen delitos violentos extremos.

Consultado por el impacto del caso Monzón, el mandatario fue enfático: “Un delito de persona mayor tiene que tener una condena de mayor”. En ese sentido, aclaró que no propone fijar un límite etario rígido, sino evaluar la intención criminal y la gravedad del hecho.

Pullaro advirtió que organizaciones criminales utilizan a menores para cometer delitos, aprovechando las limitaciones legales actuales. “El Estado no puede ser el Estado bobo”, afirmó.

 “El homicidio está sancionado cultural y moralmente desde que sos niño”, sostuvo el gobernador. Agregó que la normativa vigente no contempla las nuevas formas de criminalidad organizada y que se necesitan herramientas legales actualizadas para reducir la violencia.

El gobernador destacó que Santa Fe sostiene políticas de inclusión y prevención, como el programa Nueva Oportunidad, que alcanza a más de 26.000 jóvenes, además de iniciativas educativas y comunitarias. Sin embargo, reconoció que estos programas no alcanzan para todos los casos.

Pullaro confirmó que, si es convocado por el Congreso, participará del debate legislativo sobre imputabilidad y dialogará con legisladores nacionales para exponer su posición. “La criminalidad cambió y las normas deben adecuarse”, concluyó.