Cayó otro búnker vinculado a Los Cantero

La vicegobernadora Scaglia y el ministro Cococcioni encabezaron la demolición de un punto de venta de drogas en zona sur. Ya se desactivaron 70 búnkers desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico.

Este jueves por la mañana, en la intersección de Rueda y Príncipe de Gales, en Rosario, se llevó adelante un nuevo operativo de derribo de un inmueble utilizado como punto de venta de drogas. El sitio estaba directamente vinculado a una facción de la organización criminal conocida como “Los Cantero”, con antecedentes de violencia armada en la zona.

En el lugar estuvieron presentes la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La intervención forma parte del plan oficial de lucha contra el narcotráfico a pequeña escala que impulsa el gobierno provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023.

“El objetivo es que los delincuentes estén en la cárcel y los lugares donde operaban no existan más”, afirmó Scaglia ante los medios. Subrayó que esta política de seguridad apunta a “llevar tranquilidad a los vecinos”, evitando que esos espacios vuelvan a ser reutilizados por el delito.

El inmueble demolido no solo era utilizado para el narcomenudeo. Según detalló Cococcioni, presentaba “otros indicadores criminales”: disparos con armas de fuego, personas armadas y hechos violentos en sus inmediaciones. El ministro destacó que ya se alcanzaron 70 puntos de venta desactivados en toda la provincia, siendo Rosario la ciudad más intervenida.

El fiscal del MPA, Franco Carbone, explicó que en ese sector del barrio “hay una concentración significativa de delitos violentos asociados a bandas narco”, y valoró la ley como una herramienta “efectiva y simbólicamente fuerte” para debilitar estructuras delictivas.

Desde el gobierno aseguran que estas acciones seguirán adelante. “Vamos a ir por todos los lugares donde se escondan y desde donde dañen a las comunidades. La calle no es de ellos”, sentenció Cococcioni.

La demolición de búnkers se convirtió en una política visible del gobierno santafesino para combatir el narcomenudeo y recuperar el control territorial en zonas afectadas por el crimen organizado. La combinación de intervención judicial, fuerza pública y decisión política muestra un camino que, según las autoridades, no tiene vuelta atrás.