Tanto en Rosario y la capital provincial, tras el plan de controles a desarmaderos y comercios de metales

El Gobierno de Santa Fe informó que el robo de cables cayó un 93 % en Rosario y un 83 % en la ciudad de Santa Fe entre 2024 y 2025. La mejora es resultado de un plan sostenido de control y fiscalización sobre desarmaderos, chatarrerías y comercios de metales, coordinado con fiscalías y fuerzas de seguridad. La estrategia busca desarticular los mercados ilegales que financian estos delitos y afectan servicios esenciales.

El plan se puso en marcha al inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Incluye inspecciones permanentes, clausuras de locales irregulares, control de la trazabilidad del material y operativos conjuntos en puntos críticos. La Provincia apunta a cortar la cadena de comercialización ilegal que vuelve rentable el robo de cables y metales.

En Rosario, los registros oficiales muestran una baja del 93 % en el robo de cables y del 86 % en el robo de metales. En la ciudad de Santa Fe, las caídas fueron del 83 % y 80 %, respectivamente. El impacto se reflejó en la recuperación de infraestructura eléctrica, de agua y de telecomunicaciones en barrios que sufrían cortes frecuentes.

La intervención es coordinada por los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Justicia y Seguridad. Los operativos se enfocan en el control del origen del material, la documentación respaldatoria y el cumplimiento de la normativa vigente. Cuando se detectan irregularidades, se procede a la clausura y al secuestro del material.

Según el balance oficial, en los últimos dos años se incautaron más de 2.000 toneladas de materiales en procedimientos realizados en chatarrerías y desarmaderos. La trazabilidad permitió identificar circuitos de reventa y bloquear su funcionamiento, reduciendo la reincidencia en zonas previamente afectadas.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, afirmó que los resultados “responden a una política sostenida con controles inteligentes y coordinación territorial”. Remarcó que el enfoque combina presencia del Estado, transparencia y uso eficiente de recursos para combatir la economía ilegal.

Por su parte, el director provincial de Desarmaderos, Gerardo Rodríguez, señaló que el sistema de emergencias 911 registró una disminución de llamados por cortes de servicios durante el último año. Agregó que organismos y empresas afectadas —como la EPE, ASSA, compañías de telefonía y cooperativas— reportaron menos incidentes vinculados a vandalismo y sustracción de metales.

Al inicio de la gestión, la Provincia contaba con 38 desarmaderos registrados. Tras dos años de controles, inspecciones y regularización, se incorporaron 51 establecimientos al sistema formal. El fortalecimiento del registro cerró espacios a la informalidad que alimentaba el mercado ilegal de autopartes y metales.

El Gobierno provincial recordó que los comercios pueden regularizar su situación y que la ciudadanía puede denunciar establecimientos irregulares a través del correo desarmaderos@santafe.gov.ar. La información recibida es canalizada para acciones de fiscalización y, de corresponder, intervención judicial.

La Provincia prevé mantener y profundizar los controles en 2025, con foco en trazabilidad y coordinación con fiscalías. El objetivo es consolidar la baja del robo de cables y metales, proteger servicios esenciales y reducir impactos en la seguridad urbana.