Cae una red criminal en el cordón industrial tras 24 allanamientos

Una organización narco que operaba desde las cárceles fue desarticulada tras 24 allanamientos en la región. Hay efectivos de Prefectura investigados por presunta protección y vínculos con la Asociación de Taxis de San Lorenzo.

Desde las 6 de la mañana de este miércoles, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ejecutó 24 allanamientos simultáneos en San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Puerto General San Martín, Serodino, Rosario y Puerto Gaboto. La orden fue emitida por el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, en el marco de una investigación federal que lleva más de dos años.

La investigación reveló la existencia de una organización criminal dedicada a la venta de estupefacientes, con una estructura jerárquica que seguía operando a pesar de que sus líderes, identificados como J.M. y R.A.V., se encuentran cumpliendo condenas en cárceles federales. Ambos daban órdenes desde prisión a través de celulares, audios y llamadas, definiendo precios, compras y distribución.

Una red con múltiples engranajes

La organización distribuía marihuana y cocaína mediante un sistema de delivery en distintas localidades del cordón industrial. Según fuentes judiciales, las ganancias eran administradas por familiares y allegados de los líderes, con movimientos financieros en pesos y dólares.

Uno de los datos más alarmantes que arrojó la pesquisa es la presunta connivencia de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, a quienes se acusa de filtrar información clave para proteger a la banda. Por ahora, no hay detenciones entre los prefectos, pero sí secuestro de teléfonos celulares para peritajes.

A su vez, se investiga el rol de la Asociación de Taxis de San Lorenzo, desde donde algunos integrantes de la organización habrían recibido cobertura logística para sus operaciones.

Una investigación federal articulada

Los procedimientos fueron solicitados por la Unidad Fiscal Rosario y la sede descentralizada de San Lorenzo, en un trabajo conjunto de los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Scilabra, Franco Benetti y Claudio Kishimoto. Se investigan más de 25 personas, entre ellas familiares de los líderes, vendedores y miembros de las fuerzas de seguridad.

Durante los operativos se incautaron drogas, dinero en efectivo, vehículos y documentación de interés. Se ordenaron nuevas detenciones y ampliaciones de indagatoria.

El caso refleja la capacidad de algunas bandas narco de sostener estructuras criminales aún desde la cárcel y deja al descubierto la fragilidad de ciertos sectores de las fuerzas federales. Mientras avanza la investigación, se espera que los resultados del operativo permitan desarticular por completo esta red que sembró violencia e impunidad en la región.