Más de una docena de detenidos por corrupción en la Policía

El Gobierno de Santa Fe intervino la Unidad Regional II de la Policía tras detectar un esquema de malversación de fondos en el área de combustibles. Hay 17 detenidos, entre ellos 13 policías, y una auditoría integral ya está en marcha.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció este lunes la intervención de la Unidad Regional II (URII) de la Policía de Santa Fe, tras una extensa investigación que reveló un esquema de corrupción institucional en el manejo de combustibles. En una operación coordinada con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se realizaron 38 allanamientos, que resultaron en 17 detenciones: 13 de los implicados son efectivos policiales y 4 civiles.

“Hay una red organizada que desvió fondos públicos en una maniobra que, además de ser ilegal, afecta directamente la seguridad de todos los ciudadanos”, expresó Cococcioni. La investigación, que duró diez meses, se centró en el área logística de la URII, donde se detectaron irregularidades en el uso de tarjetas de carga de combustible. Hallaron cerca de 300 tarjetas Visa Flota fuera de control y se investiga la participación de una estación de servicio comprometida en la maniobra.

El funcionario enfatizó que el Gobierno no permitirá que “algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad pública” y remarcó la necesidad de transparencia y control en la administración de recursos. Por ello, el Ejecutivo nombró al director general Claudio Romano como interventor por 90 días, con posibilidad de extender su mandato y ordenó una auditoría integral de la gestión administrativa y logística.

Los fiscales Matías Merlo y José Luis Caterina explicaron que el fraude supera los 45 millones de pesos y se originó a partir de una denuncia anónima, la cual llegó por carta. Aunque el jefe y subjefe de la URII no están implicados directamente, varios altos mandos fueron desplazados de sus funciones.

La intervención de la URII marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad de Santa Fe. El gobierno provincial reafirma su compromiso con una política de seguridad basada en la legalidad, la transparencia y el control riguroso del uso de los recursos públicos.