Luego de los procedimientos, fueron imputados y quedaron con prisión preventiva

Ayer por la tarde fue celebrada la audiencia imputativa contra Nicolás Eduardo Di Giusepe por tenencia ilegítima de armas, mientras que Valentina Del Carmen Cadenas y Ludmila Ailén González fueron imputadas por comercialización de estupefacientes. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los acusados.

Roldán vivió un día clave en la lucha contra el crimen organizado, con la imputación de tres individuos por delitos graves relacionados con armas de fuego y sustancias ilícitas. Ayer, en el Centro de Justicia Penal, se llevó a cabo una audiencia imputativa que atrajo la atención de la comunidad local.

El fiscal César Cabrera acusó a Di Giusepe de los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra y encubrimiento. Durante la investigación, se descubrió que el imputado poseía una pistola Bersa Thunder 9 Pro de 9mm, junto con 51 cartuchos del mismo calibre y una variedad de municiones de diferentes calibres. La pistola, además, tenía un pedido de secuestro por haber sido robada a un empleado policial. También se encontraron otros elementos como dinero en efectivo y una balanza de precisión en el allanamiento realizado el 3 de abril por la Policía de Investigaciones.

Por otro lado, Valentina Del Carmen Cadenas y Ludmila Ailén González, fueron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El hallazgo de 97,5 gramos de cocaína y 3,2 gramos de marihuana, junto con otros elementos relacionados con la venta de drogas, fue realizado en el domicilio de González en calle Pueyrredón al 600 de Roldán, también el 3 de abril. Entre los artículos incautados se encontraron recortes plásticos, cajas de papelillos y una balanza de precisión.

El juez Sosa formalizó las imputaciones y dictó una prisión preventiva de 60 días para Di Giusepe y González, mientras que a Cadenas le otorgó la libertad bajo restricciones. Estas incluyen la presentación semanal ante la Oficina de Gestión Judicial, la constitución de domicilio, la fianza de un familiar como garante personal y la prohibición de acercarse o comunicarse con los otros imputados.

La justicia avanza con firmeza en la investigación de estos delitos, enviando un mensaje claro a quienes intentan operar fuera de la ley en la región. El caso sigue abierto, y la Fiscalía no descarta la posibilidad de extender la prisión preventiva de los imputados al finalizar el plazo de 60 días