La Tabacalera rosarina, a punto del cierre, por acuerdos económicos, políticos y judiciales

Fuerte lobby en la Cámara de Diputados a favor de Tabacalera Sarandí puso al borde del despido a cientos de trabajadores santafesinos

Desde distintos sectores tabacaleros y de provincias productoras se viene señalando un fuerte lobby de la empresa Sarandí, cuyo propietario, Pablo Otero, llamado por el presidente Milei el “señor del tabaco”, para que el capítulo que elimina el impuesto interno mínimo y sube la alícuota al 73% no viera la luz legislativa.

Inclusive una cámara de PyMES presentó una denuncia penal ante el juzgado de Rafecas donde se señalan las cuentas desde donde habrían partido “coimas” para diputados, señalándose entre ellos Cristian Ritondo, Diego Santilli y Carlos Castagneto, ex número uno de AFIP. Según se pudo saber el nivel de precisión de los datos aportados se presenta como un escándalo mayúsculo sin olvida que Otero se encuentra con una causa penal en Mar del Plata por evasión y contrabando que podría arrojarlo tras las rejas.

Para entrar en contexto, sobre la Ley de Bases, hay muchas PyMES, que se ven perjudicadas con el actual esquema de tributación que fue sancionado en el 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. Esa ley estableció un esquema de tributación de impuesto mínimo para las pequeñas y medianas empresas del sector tabacalero y una arancel del 70% sobre el precio de venta para las grandes marcas como por ejemplo Philips Morris.

Esta situación llevó a que se judicializara el reclamo contra esta ley por resultar inconstitucional ya que obligaba a las PyMES a salir al mercado al mismo precio que las multinacionales. Hubo empresas muy grandes como Tabacalera Sarandí en Buenos Aires que obtuvieron sentencias que efectivamente, tanto en primera como en segunda instancia de la Justicia Federal declararon la inconstitucionalidad el esquema y la autorizaron a pagar el 70%. Otras empresas del país lograron medidas cautelares, pero la justicia rosarina no estuvo a la altura de las circunstancias y primero produjo el cierre de la santafesina For Men y actualmente tiene al borde del cierre definitivo a la rosarina Bronway S.A. y miles de puesto de trabajo en riesgo en un momento sumamente difícil

Desde la CANET (Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras) señalaron que detrás del fracaso judicial de estas empresas se encontraría Aníbal Pineda, juez de la cámara federal de Rosario, con aceitados vínculos con Pablo Otero y con el PRO que responde casualmente a Otero. Es tan así la cuestión que el hermano de Marcos Peña – ex jefe de gabinete de Macri– es funcionario de la cámara federal de Rosario al servicio del propio Pineda.

Aníbal Pineda ya había sido investigado por el consejo de la magistratura y el actual ministro de justicia de la Nación Mariano Cuneo Libarona lo puso en la mira cuando éste inició una suerte de rebelión interna de la justicia federal rosarina para que no se implemente el nuevo código procesal federal. Es que señalan que el juez en cuestión no desea perder el poder que consiguió a partir de sus vínculos con el PRO ya que las investigaciones pasarían a manos de los fiscales.

El gobierno de Javier Milei, cuando envía el primer proyecto Ley Base, incorporó la eliminación de este impuesto mínimo, y establece que todas las empresas tabacaleras, sean grandes o más chicas, van a tributar un 73%, pero sobre el precio de venta, pero fue tan fuerte la presión de las tropas de Ritondo que pretendían favorece a Otero que forzó al gobierno a retirarla. Finalmente en la sesión de tratamiento de la ley bases el bloque del diputado Picheto, la UCR, la Coalición Cívica y algún sector del justicialismo torcieron el rumbo y finalmente el capitulo del tabaco fue incorporado, eliminándose el inconstitucional impuesto mínimo y una alícuota del 73%.

Miles de empleados entre directos e indirectos de Santa Fe, las empresas tabacaleras PyMES y las provincias productoras esperan que el Senado de la Nación de luz verde a esta reforma. Señalan que nunca existió tanto consenso en el sector para que esta reforma sea ley ya que pone en un pie de igualdad a todas las empresas e incrementa notablemente la recaudación fiscal.