El tribunal condenó a ocho integrantes de una organización encabezada por Pablo Nicolás Camino. Entre las víctimas están Lorenzo Altamirano, Jorge Maturano, Pablo Latorre y Benjamín Echavarría

El juicio oral por una serie de homicidios, ataques armados, extorsiones y amenazas vinculados a una organización criminal que operaba en Rosario terminó este miércoles con ocho condenas. El tribunal integrado por las juezas Lorena Aronne, Mariana Prunotto y Ana Julia Milicic dictó seis penas de prisión perpetua y otras dos condenas de cuatro años y seis meses. La acusación estuvo a cargo de los fiscales Anabel Cerutti y Franco Miatello, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas.

La investigación atribuyó a la estructura, encabezada por Pablo Nicolás Camino, una sucesión de hechos violentos cometidos entre fines de 2022 y marzo de 2023. Entre los episodios juzgados se encuentran los homicidios de Lorenzo Altamirano, Jorge Maturano, Pablo Latorre y Benjamín Echavarría, además de ataques a comercios, viviendas e instituciones públicas.

Las penas de prisión perpetua recayeron sobre Pablo Nicolás Camino, Antonella Victoria Fernández, Carlos Alberto Olguín, Carlos Gregorio Ruiu, Uriel Leandro Enrique y Alexis Oscar Romero. Los seis fueron condenados por distintos grados de participación en homicidios calificados y otros delitos, entre ellos amenazas con armas, abusos de arma, extorsiones y portación ilegal de armas de fuego.

En tanto, Ignacio Axel Nahuel Núñez y Lucas Martín Castillo recibieron cuatro años y seis meses de prisión efectiva por integrar la asociación ilícita

Los fiscales explicaron que ocho acusados llegaron a esta instancia de juicio, mientras que otras personas involucradas ya habían sido condenadas mediante procedimientos abreviados. El debate oral se extendió durante aproximadamente tres o cuatro semanas, con numerosas jornadas de producción de pruebas.

Uno de los hechos centrales fue el asesinato de Lorenzo Altamirano, ocurrido el 1 de febrero de 2023. Según la acusación, la víctima fue interceptada en la vía pública, obligada a subir a un Renault Sandero robado dos días antes y trasladada hasta las inmediaciones del estadio de Newell’s Old Boys, en Av Morcillo al 2000.

Allí fue obligada a descender y recibió tres disparos de una pistola calibre 9 milímetros. Los autores dejaron en uno de sus bolsillos un papel con un mensaje intimidatorio. La Fiscalía sostuvo que el crimen fue ordenado para enviar una advertencia a referentes de una facción rival de la barra brava del club.

Los otros homicidios incluidos en el juicio fueron los de Jorge Maturano, atacado a tiros en su domicilio el 20 de febrero; Pablo Latorre, asesinado durante el velorio de Maturano ese mismo día y Benjamín Echavarría, quien murió tras recibir disparos en Amenábar al 6200, el 1 de marzo de 2023.

La acusación también incluyó ataques contra el carribar El Busca Vidas, ubicado en Pellegrini y Fraga, y contra el supermercado Único de Lavalle al 2500. En este último caso, dos hombres llegaron en motocicleta, dejaron una nota amenazante y dispararon doce veces contra el comercio.

De acuerdo con la teoría fiscal que recibió el tribunal, Pablo Nicolás Camino ocupaba el rol de jefe, mientras que Antonella Victoria Fernández y Carlos Alberto Olguín actuaban como organizadores. Los demás condenados participaban como integrantes de la estructura.

La organización buscaba ampliar su control territorial y disputar negocios ilegales en distintos barrios de la zona oeste de Rosario. Entre las actividades mencionadas en la acusación figuraban la venta ambulante, el estacionamiento de vehículos y la seguridad en eventos vinculados al estadio de Newell’s, además del traslado de hinchas a otras provincias.

Los investigadores sostuvieron que los integrantes utilizaban amenazas, balaceras y homicidios para intimidar a rivales, comerciantes y particulares. También atribuyeron a algunos acusados tareas de inteligencia sobre objetivos antes de concretar ataques.

Tras conocerse la decisión, Cerutti y Miatello destacaron que el tribunal receptó la teoría del caso presentada por la Fiscalía. Remarcaron que la investigación permitió reconstruir la coordinación entre quienes impartían las órdenes y quienes ejecutaban los ataques.

Miatello señaló que Altamirano fue una víctima ajena a la disputa criminal y que su asesinato tuvo como finalidad enviar un mensaje a una organización rival. También valoró el acompañamiento de las familias durante la investigación y las jornadas del debate.

Los fiscales ubicaron los hechos en un período de enfrentamientos entre facciones criminales que recurrieron a personas e instituciones como objetivos de intimidación. Con las ocho condenas dictadas en el juicio oral, la Justicia resolvió la responsabilidad penal de los acusados por los hechos incluidos en esta causa