El hombre señalado como ex encargado de las finanzas de Los Monos fue acusado junto a dos familiares en una causa federal que investiga operaciones comerciales y financieras realizadas durante los últimos años

Mariano Hernán Ruiz, su esposa y el hijo de ambos fueron imputados este martes en Rosario por lavado de activos de origen delictivo, en una investigación federal que busca reconstruir movimientos económicos que, según la acusación, estarían vinculados con el narcotráfico y la organización Los Monos. La audiencia se realizó ante el juez federal Carlos Vera Barros. Los fiscales de la Procelac de Rosario, Juan Argibay Molina y María Virginia Sosa, sostuvieron que los tres acusados actuaron como coautores de maniobras de lavado agravadas por la habitualidad y por su presunta vinculación con una asociación destinada a cometer esos delitos.

La acusación abarca operaciones comerciales desarrolladas durante varios años. Entre las actividades investigadas aparecen negocios gastronómicos y servicios de viandas.

Para la esposa y el hijo de Ruiz se dispusieron medidas restrictivas y la prohibición de salir del país. La Fiscalía pidió 120 días de prisión preventiva efectiva para Ruiz. Sin embargo, el juez decidió postergar esa definición debido a su estado de salud.

El imputado será evaluado este miércoles por el Gabinete Médico Interdisciplinario de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Después de ese informe se realizará una nueva audiencia para definir la modalidad de la medida cautelar.

Ruiz había sido detenido la semana pasada durante un allanamiento realizado en Larrechea al 800. Durante el procedimiento sufrió una descompensación y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Ruiz ya había sido condenado en 2015 mediante un juicio abreviado, en una causa donde fue señalado como encargado de las finanzas de Los Monos. Cumplió alrededor de tres años de prisión.

Además, en 2019 había sido procesado por lavado de activos junto a otros integrantes de la organización. La investigación actual tendrá un plazo de un año para profundizar el análisis de las operaciones atribuidas a los acusados