La Fiscalía acusó a 19 policías y dos civiles por una presunta asociación ilícita que habría desviado fondos públicos mediante facturación trucha de combustible
La causa por el millonario fraude con combustible dentro de la Unidad Regional II dio un nuevo paso judicial. El fiscal José Luis Caterina presentó la acusación formal contra 19 policías y dos civiles, con pedidos de pena que llegan hasta los 14 años de prisión. La investigación apunta a una estructura organizada para desviar fondos públicos a través de sobrefacturación y cargas ficticias en la estación de servicio Gas Auto Tiferno, ubicada en Ovidio Lagos al 3900 de Rosario.
Entre los principales acusados aparecen el ex jefe de la URII, Daniel Acosta, para quien solicitaron 12 años de prisión, y su secretario privado, Rodrigo Domínguez, señalado como uno de los organizadores operativos de la maniobra, con un pedido de 14 años.
Según la acusación, el esquema operó entre mayo de 2023 y mayo de 2025. La Fiscalía sostiene que se utilizaban tarjetas Visa Flota oficiales para registrar cargas de combustible inexistentes o infladas en móviles policiales que incluso estaban fuera de servicio.
La investigación detectó unidades que cargaban combustible a diario pese a encontrarse incendiadas o sin funcionamiento. Parte del dinero retornaba luego a miembros de la organización, siempre de acuerdo al planteo fiscal.
Peritajes, informes de GPS, registros fotográficos y documentación bancaria forman parte de las más de 300 páginas de evidencia reunidas por el Ministerio Público de la Acusación.
Actualmente hay ocho ex altos mandos detenidos con prisión preventiva. Entre ellos figuran Diego Santamaría, ex jefe del Comando Radioeléctrico; Héctor Saucedo, de Brigada Motorizada y Juan Villordo, ligado al área logística de combustible.
Durante los allanamientos secuestraron 25 millones de pesos, neumáticos presuntamente sustraídos y más de 300 tarjetas de carga junto a un posnet de la estación de servicio investigada.
La empresaria Mónica Bianconi, titular de Gas Auto Tiferno, enfrenta un pedido de ocho años de prisión por su presunta participación en el circuito de facturación irregular.
Uno de los puntos centrales de la causa es la declaración del policía Gerardo Ramírez, quien se presentó como imputado colaborador. Según trascendió, podrían sumarse otros arrepentidos en las próximas semanas.
Para el fiscal Caterina, la estructura funcionaba bajo una lógica vertical dentro de la fuerza, donde los mandos exigían retornos de dinero y aplicaban presiones internas para sostener el sistema.
La audiencia preliminar al juicio se realizará en los próximos meses y marcará el inicio de una de las causas de corrupción policial más importantes de los últimos años en Rosario.
