Inactivaron otro búnker y ya suman 52 en la ciudad
El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación avanzan en la aplicación de la Ley de Microtráfico. Este viernes se desmanteló un nuevo punto de venta de drogas en la zona oeste. Hubo detenidos y se secuestraron 400 dosis de cocaína.
En la mañana de este viernes, las autoridades provinciales realizaron un nuevo operativo en Solís 3127, en la zona oeste de Rosario, donde funcionaba un búnker de venta de drogas. La medida, ordenada por el Colegio de Jueces Penales a pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se llevó adelante en el marco de la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023.
Con esta intervención, ya son 52 los búnkeres inactivados en Rosario y 82 en toda la provincia, en el marco del plan provincial para combatir el narcomenudeo y reducir la violencia urbana.
El operativo fue supervisado por el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, junto a la fiscal Juliana González del MPA. Durante la intervención se secuestraron 400 dosis de cocaína fraccionadas, listas para la venta al menudeo, además de otros elementos de interés para la causa.
La fiscal González explicó que la causa investiga delitos de extorsión, comercialización de estupefacientes y tráfico ilegal de armas de fuego. “Hay varias personas detenidas con prisión preventiva y dos prófugos con pedido de captura vigente”, señaló.
Santantino, por su parte, destacó que esta política “demuestra que la coordinación con el MPA es clave para sostener la baja en los indicadores de violencia altamente lesiva”, y subrayó que estos procedimientos apuntan a “desactivar puntos de venta vinculados a personas con alto perfil criminal”.
La Ley de Microtráfico, impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, habilita al Estado provincial a intervenir en inmuebles utilizados para la venta de drogas y en espacios asociados a hechos de violencia. Desde su implementación en 2024, permitió articular acciones conjuntas entre la Justicia provincial, la Policía de Santa Fe, el MPA y los gobiernos locales.
Con esta nueva inactivación, las autoridades buscan consolidar una política sostenida de persecución penal estratégica que ataque no solo la oferta de drogas al menudeo, sino también las redes que alimentan la violencia en los barrios. “El objetivo —resaltó Santantino— es devolverle tranquilidad a los vecinos y recuperar el control del territorio”.
