La Justicia cierra el cerco sobre los responsables del ataque al colectivo penitenciario

El ministro Pablo Cococcioni y el fiscal Rébola detallaron la imputación de 13 personas por la balacera ocurrida en marzo en Rosario. El ataque, según las autoridades, fue una represalia por el endurecimiento del régimen carcelario. El 2 de marzo de 2024, un colectivo que transportaba personal del Servicio Penitenciario fue atacado a balazos en plena vía pública. El hecho, que pudo haber terminado en tragedia, marcó un punto de inflexión en la política de seguridad de la provincia de Santa Fe. Hoy, más de un año después, la Justicia da un paso firme: 13 personas serán imputadas por ese atentado, en una audiencia que busca desenmarañar la trama de violencia que se organiza desde las cárceles.

Durante una conferencia de prensa en el Centro de Justicia Penal, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, fue categórico: “Confiamos en que la Justicia acompañe las medidas que se pidan para que quede claro que estas personas no se la van a llevar de arriba”. Para Cococcioni, el ataque fue una de las primeras represalias de las bandas criminales al endurecimiento del régimen penitenciario impulsado por el gobierno desde diciembre de 2023.

Las autoridades sostienen que el atentado fue organizado desde el penal de Piñero por Walter González, un preso de alto perfil con conexiones en distintas localidades del cordón industrial. El fiscal del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, Rébola, detalló que González fue quien dio la orden, y que los autores materiales del ataque ya están identificados.

“Dispararon desde un auto, con dos armas diferentes. Una bala pasó rozando la nuca de un agente penitenciario. El objetivo era claro: matar”, afirmó el fiscal, quien también atribuyó a los imputados la jefatura de una organización delictiva dedicada al narcotráfico y a múltiples homicidios. La investigación también los vincula con un intento de ataque al bar Rondó, en enero, frustrado por el mal funcionamiento de las armas.

Además del atentado al colectivo, las pruebas reúnen otros hechos de violencia cometidos por esta banda, entre ellos amenazas coactivas e intimidaciones públicas, muchas de ellas acompañadas de notas alusivas al endurecimiento carcelario. Todo esto forma parte, según los investigadores, de una estrategia de amedrentamiento orquestada por líderes criminales que, pese a estar tras las rejas, aún conservan capacidad de acción.

Cococcioni remarcó que esta respuesta del Estado no es “una medida más”, sino parte del eje central de su política de seguridad. “Durante años, hasta un tercio de los homicidios en Rosario fueron ordenados desde el interior de una cárcel. No podemos permitir que siga ocurriendo”, señaló. Y destacó que desde los primeros días de gestión se reforzaron las requisas, se restituyó el régimen de alto perfil y se aplicaron protocolos más estrictos para los presos considerados jefes narcos.

La audiencia imputativa será clave para sostener estas acusaciones y avanzar hacia el desmantelamiento de estructuras criminales que se fortalecieron durante años a la sombra del sistema penitenciario. El fiscal regional Matías Merlo también acompañó la presentación y valoró “la seriedad y profundidad de la investigación”, llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación junto a la Policía de Investigaciones.

El ataque al colectivo penitenciario no fue un hecho aislado. Fue un mensaje. Uno que ahora la Justicia y el Gobierno Provincial intentan responder con claridad y firmeza. La imputación a 13 personas marca un antes y un después en la lucha contra las organizaciones criminales que operan desde las cárceles. Con pruebas contundentes y una política decidida, las autoridades buscan quebrar la impunidad y recuperar el control. En palabras de Cococcioni, “no se la van a llevar de arriba”.